Si José Montilla trabajara en RTVE no podría aspirar a la Presidencia de la Generalitat porque ya tiene 50 años. Esta discriminación por edad es la punta del iceberg de los disparates que se están haciendo en la reforma de la radio televisión pública española en la que se ha decidido despedir a todos los profesionales de más de cincuenta años.

Mientras la dirección proclama que detrás de la reforma hay la necesidad de eficiencia y racionalización económicas, quiere tirar sin discusión una gran parte del capital intelectual que la empresa ha acumulado en los últimos 30 años. En un campo en el que la creatividad y el oficio son fundamentales para la calidad de los productos, la nueva RTVE deberá empezar su singladura sin gran parte de la experiencia que ella misma ha ayudado a crear.

Éste es un ejemplo de los errores que se cometen en la reforma de los medios audiovisuales públicos y que a la larga pagará toda la sociedad. Sólo abriendo por un momento el televisor hoy en día queda claro que la televisión comercial por ella misma no puede satisfacer las necesidades de una sociedad democrática. El objetivo de las empresas privadas de televisión es la ganancia económica y para ellas, los espectadores son consumidores, no ciudadanos con derechos. Emiten sólo aquello que les resulta atractivo económicamente.

Hace falta una televisión pública estatal potente y llena de ideas, cuyo objetivo principal sea realizar el derecho de los ciudadanos a la información al margen de otros intereses. Hace falta una televisión estatal con los suficientes recursos para ser capaz de cubrir el enorme agujero que se crea entre los que tienen dinero para acceder a la información a través de las nuevas tecnologías y el cada vez más amplio sector de ciudadanos que se quedará al margen por premura de recursos.

En el año 1990, un gobierno del PSOE aprobó las televisiones privadas sin pensar cómo sobreviviría RTVE en la nueva situación. El gran error fue pedirle que siguiera cumpliendo un servicio público, y que al mismo tiempo fuera un negocio, dos objetivos imposibles de compaginar. No se puede tratar de mantener la audiencia compitiendo en el mismo terreno que la televisión comercial porque pone en peligro su justificación. Y así ha pasado con RTVE: ahora se desmantela y es difícil qué el público entienda que le debe apoyar porque en muchos aspectos no ha podido demostrar las ventajas que tiene para los ciudadanos un servicio público de radio y televisión, como el británico o el sueco.

Durante 16 años los diferentes gobiernos han tapado la terrible imprevisión sobre la financiación de RTVE dejándola endeudar hasta unos niveles intolerables. Además, todos estos gobiernos han querido intervenir en RTVE nombrando los directivos que más convenían a sus intereses partidistas, lo cual ha evitado que la empresa tuviera la gestión competente que se necesitaba para hacer frente a los retos del momento y le ha llevado a la situación actual de crisis.

Ni el gobierno ni ningún partido político se han molestado en hacer frente a las mentiras que circulan como verdades sobre RTVE. No se han molestado en decir que es falso que el servicio público de radio y televisión sea de por si deficitario, cuando no se le puede medir con la misma moneda que los medios comerciales. Los políticos dejan que todo el mundo crea que RTVE está sobredimensionada cuando muchas televisiones públicas europeas tienen más trabajadores. Otra mentira es la que toda la producción que vale se debe comprar a productoras. La realidad es que muchos de estos programas no han aguantado ni la tercera emisión y en cambio, centenares de propuestas de los trabajadores de la casa se han quedado en los cajones de los directivos al servicio del gobierno de turno.

Ahora que es imprescindible arreglar el problema de la deuda de RTVE s’está cometiendo un nuevo y gravísimo error. El gobierno ha puesto la definición de RTVE en manos de la SEPI, un organismo que no tiene ninguna experiencia profesional en empresas audiovisuales de servicio público. Tampoco lo tienen sus famosas consultoras privadas. Pese a esto, se deja que la SEPI decida qué debe hacer y cómo debe ser la nueva empresa pública de radio y televisión de España. Quien debería hacerlo es el Parlamento y el consejo de administración, de acuerdo con la nueva ley que acaba de ser aprobada en las Cortes.

La SEPI decide, por ejemplo, la dimensión territorial de TVE y los servicios que debe prestar RNE –como el servicio en catalán de Ràdio 4- cuando esto debería ser parte del contrato programa que la nueva dirección de RTVE debe pactar con el Parlamento español. Así, la SEPI usurpa a los representantes del pueblo la función de decidir la radio y televisión públicas que queremos.

La SEPI dice que es necesario reducir casi la mitad de la plantilla actual de RTVE en aras de la racionalización y la eficiencia de esta empresa. Aplica criterios puramente mercantilistas en un ámbito que no tiene nada a ver con las leyes del mercado porque RTVE es un servicio público necesario y no una empresa cualquiera. Pero cuando se trata del capital intelectual de la empresa entonces la racionalidad empresarial no se aplica.

Pensamos que no se debería dilapidar el talento acumulado en RTVE dónde la creatividad y las ideas són fundamentales si no es que se quiere hundirla. Nos gustaría que se quedara en RTVE todo el talento que sea necesario por tirar adelante los objetivos de servicio público que el país se merece. ¿O es que una RTVE fuerte, creativa y defensora de los ciudadanos es un estorbo para las ambiciones de las empresas audiovisuales privadas?

La televisión pública debe tener un papel complementario de las privadas porque debe preservar los valores que las otras ignoran: debe ofrecer innovación, creatividad, y calidad siendo capaz de hacer programas entretenidos y competitivos.

*** Son impulsoras de este manifiesto Llúcia Oliva, Magda Sampere i Lurdes Cortés