Han pasado cinco años desde que el Parlament acordara la reforma de la Ley de Creación de la CCRTV, para hacer más profesionales e independientes a los medios de la corporación, y ya hay por fin una propuesta oficial del Gobierno de Catalunya que se debatirá en la ponencia parlamentaria encargada de elaborar la nueva ley.

Los profesionales de la información, que durante  más de dos décadas hemos luchado contra la manipulación informativa y la utilización partidista de todos los medios públicos, debemos saludar que se esté llegando al final del camino de una reforma plenamente democrática de estos medios. No podemos no estar de acuerdo con una propuesta que recoge lo esencial de las reclamaciones de los profesionales y de sus organizaciones representativas: definición de la función de servicio público, institucionalización del mandato-marco que fije sus objetivos y del contrato-programa que los garantice, profesionalización e independencia del consejo de administración, con severas incompatibilidades y con intervención del CAC, elección del director general por parte del consejo de administración, apertura a la sociedad y más competencias del consejo asesor o de programación, aval a un comité interempresas de la CCRTV y extensión del Estatuto de redacción a todas las empresas filiales.

En cambio, lamentamos que la propuesta no contemple la presencia directa de representantes de los trabajadores, sindicales y profesionales, en el consejo de administración (o consejo de gobierno), tal com lo preveían un proyecto anterior del PSC, la propuesta del PSOE para RTVE cuando estaba en la oposición, o lo recomienda el informe del comité de expertos para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado. El retraso en la elaboración de las leyes audiovisuales en Catalunya no sólo puede permitir que se aprueben antes leyes estatales que pueden condicionar las catalanes, sino que, además, parece que desde Catalunya se renuncia al papel de liderazgo jugado en las propuestas de reforma democrática de los medios públicos, que debe incluir la participación de representantes de los trabajadores en los órganos de gestión. Esta participación está legitimada por la coherencia de sus propuestas durante años en la línea de profesionalizar y hacer independientes los órganos de gestión de la Corporación.

Barcelona, 18 de abril de 2005