La FeSP exige medidas para que los despropósitos informativos vividos no se repitan jamás

La jornada electoral del 14 de marzo de 2004 pasará a la historia por varias razones. La primera de ellas, la cercanía de los sangrientos atentados del 11 de marzo en Madrid que provocaron la muerte de 201 personas y heridas a más de 1.500. La segunda es la gestión hecha desde el Gobierno Aznar de la crisis generada por la acción terrorista. La manipulación intencionada y grosera practicada por el Ejecutivo español mereció el rechazo unánime de la sociedad, al que la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) se adhiere con toda contundencia.

Esa actitud, impropia de un Gobierno democrático, ha recibido una respuesta espontánea del conjunto de la sociedad, expresada no sólo en las urnas, sino también a través de la movilización y la reivindicación. En las manifestaciones del viernes 12 de marzo, junto al clamor contra el terrorismo y la guerra, se exigió información. El “Quién ha sido, quién ha sido” atronó por los cuatro puntos cardinales de la geografía española. El brutal choque emocional que causaron los atentados se vio agravado por la sensación de que el Gobierno intentaba utilizarlos en favor de sus intereses políticos.

No es la primera vez que la ciudadanía expresa en la calle sus quejas por la desinformación sobre las cuestiones más importantes que la afectan. Recordemos solamente la huelga general del 20 de junio de 2002, el accidente del Prestige o la justificación de la guerra de Iraq. Sólo que ahora se ha cruzado un límite que la gente ha considerado intolerable. En todo el mundo se sabía lo que estaba ocurriendo en España mucho mejor que aquí.

Esto no debe volver a suceder. Nunca más se debe jugar con la información, uno de los derechos fundamentales en toda sociedad democrática. La mentira no puede ser utilizada como arma de desinformación masiva. Desde el domingo sabemos que quien vuelva a ultrajar las ansias de conocer de la sociedad, lo tendrá crudo para obtener la confianza y el respeto de la ciudadanía. Y esto es válido tanto en la España del 11-M como en el municipio más pequeño que, por poner un posible ejemplo, esconde los efectos nocivos de una antena de telefonía móvil.

Estas lecciones las deben tener muy en cuenta los gobernantes. Pero también los periodistas y las empresas de comunicación. Esto debe aplicarse tanto a los medios públicos como a los privados, que tienen sus legítimos derechos ideológicos y empresariales, pero no a costa de incumplir su obligación de respetar el derecho constitucional de las personas a recibir una información veraz, plural y de calidad. Como organización que agrupa a profesionales de la información, la FeSP reitera una vez más su voluntad de defender al máximo esta prerrogativa de la sociedad, pero pide al conjunto de los trabajadores de la información que tengan presente esta petición lanzada desde casi todos los rincones del país. Como se ha visto estos días, nuestra defensa del derecho a la información de la ciudadanía tendrá el apoyo de la sociedad si sabemos transmitirle que somos los mejores garantes del mismo.

Las empresas, a su vez, deben poner a disposición de sus periodistas todos los mecanismos necesarios para que puedan hacer su trabajo de acuerdo con estos principios. Las que no lo hagan, sean públicas o privadas, quedarán en evidencia y correrán el riesgo de perder el favor de su público, cada vez más exigente y sensible frente al engaño y al abuso de confianza.

17 de marzo de 2004

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