Lo que el SPC pide a las candidaturas
1.– Desarrollo legislativo del artículo 52 del Estatuto para adaptar Cataluña al marco internacional de regulación del derecho a la información de la ciudadanía y para garantizar los derechos y deberes de los profesionales de la información. En este informe del SPC hay referencias que pueden servir de modelo, como también el proyecto de una Ley de Garantías del Derecho a la Información que desde hace años hemos presentado a los grupos parlamentarios. Una de las primeras tareas del nuevo Parlament sería la constitución de una ponencia conjunta que afronte este déficit democrático.
2.– Reforma de la Ley de la CCMA para desgubernamentalizarla y despartidizarla a partir de mayorías parlamentarias cualificadas que garanticen la elección de cargos con criterios de independencia y profesionalidad. Aprobación del Contrato Programa que asegure una financiación adecuada y suficiente para su misión de servicio público.
3.– Desgubernamentalización de la Agència Catalana de Notícies (ACN), creando un organismo de gestión independiente. Igual que en el caso de la CCMA, dotarla de un modelo de financiación adecuada y suficiente.
4.– La Generalitat debe defender el papel de RTVE en Cataluña porque les corresponde también la promoción de la lengua y cultura catalanas, porque deberían ejercer una función de vínculo entre las dos culturas (que ahora no ejercen prácticamente) y porque representan un patrimonio importante de la cultura catalana por su papel en favor de la lengua desde hace más de 50 años. También debe defender la delegación de la Agencia EFE en Cataluña, reclamando los medios necesarios para su supervivencia y viabilidad económica y profesional.
5.– Reforma de la Ley de la Comunicación Audiovisual de Cataluña para reconocer de manera efectiva la realidad de los medios comunitarios y potenciar su tarea y su independencia como herramienta fundamental para garantizar del derecho a la información de la ciudadanía. Reservarles de manera específica una parte de las frecuencias en la adjudicación de canales, de forma que se establezca en la distribución una tercera parte para cada sector (público, privado y sin ánimo de lucro). La actual Ley Audiovisual ya reconoce el sector en su artículo 70 pero sin facilitar su viabilidad económica, y se ha limitado su desarrollo, marginando estos medios en los diferentes procesos de licitación. Activar los mecanismos necesarios para garantizar la supervivencia de las radios y televisiones ya existentes.
6.– Supresión de los bloques electorales cronometrados y ordenados en función de la representación anterior, que la LOREG impone a los informativos de los medios audiovisuales. Aplicación de los principios del acuerdo de la comisión parlamentaria sobre la Ley Electoral Catalana, que priman el criterio informativo y no contemplan la proporcionalidad.
7.– Transparencia en las ayudas públicas a los medios y en la publicidad institucional, de forma que sea accesible el listado de las aportaciones a los medios de comunicación hechas por la Generalitat y los organismos que de ella dependen. Garantías de que los medios comunitarios no son marginados en el reparto de la publicidad institucional ni en el de las ayudas estructurales. La concesión de las ayudas y de la publicidad institucional debe condicionarse al cumplimiento de las normativas laborales vigentes y de la deontología periodística.
8.– Combate a través de la Inspección de Trabajo contra el fraude laboral que supone el abuso de la figura del falso autónomo en muchos medios de comunicación donde desarrollan a menudo tareas estructurales con dedicación exclusiva y dependencia orgánica.
9.– Regulación efectiva de las prácticas de los estudiantes en los medios a partir de criterios que impidan que sustituyan puestos de trabajo, casi siempre de forma gratuita y que, en cambio, faciliten que realmente sean una estancia de aprendizaje y de formación. Para conseguirlo, es clave la figura de la tutoría y un plan de prácticas definido.
10.– Establecimiento de fórmulas de ayuda a los medios impulsados por periodistas en el ámbito de la economía social (cooperativas, asociaciones sin ánimo de lucro, SAL…)
11.– Promoción eficaz de la igualdad entre hombres y mujeres, tal como ya establece la normativa vigente. La Generalitat tendrá que impulsar las acciones necesarias para eliminar la imagen estereotipada de las mujeres y facilitar la conciliación de la vida privada y la actividad profesional y la promoción de la corresponsabilidad en condiciones de igualdad. También tendrá que establecer espacios de reflexión que ayuden a generar una conciencia social sobre la necesidad de erradicar la violencia de género.
12.– Impulso de la educación mediática de la ciudadanía –especialmente en los ciclos formativos– para fomentar la existencia de una opinión pública informada, crítica y participativa.
Barcelona, septiembre de 2015
