En los últimos meses se han reproducido las agresiones contra redactores, fotógrafos y cámaras de televisión cuando se limitaban a trabajar y a hacer el seguimiento informativo de determinados acontecimientos. El último episodio sucedió el pasado 15 de julio, en Terrassa, al barrio de Ca n’Anglada donde se produjeron diversos incidentes de carácter racista. Los informadores fueron abucheados por los asistentes a una manifestación e incluso soportaron enfrentamientos verbales y agresiones. Al fotógrafo de La Vanguardia le rompieron el flash y al de El Periódico le quitaron los carretes. La fotografía corresponde al càmara de Canal+ Jordi Rosal, que fue agredido cuando hacía el seguimiento en Canaletes de los actos de celebración de la victoria del Barça en la liga de fútbol.
EL SPC rechaza las agresiones a los profesionales de la información
Las agresiones a Jordi Rosal y su compañero, que trabajaban para un productora, fueron obra de miembros de los grupos ultras de aficionados azulgranas que estaban en las Ramblas con el único objetivo de provocar disturbios, según los testimonios de los hechos. Rosal ha estado un mes y medio de baja para recuperarse de sus lesiones y tuvieron que ponerle puntos de sutura en tres lugares diferentes. El caso de Jordi Rosal no ha sido el único. Durante la pasada campaña electoral, el fotógrafo Òscar Ferrer, que seguía las manifestaciones convocadas por los impulsores de la campaña «Rompamos el silencio» fue agredido por «agentes de la Guardia Urbana que me exigieron que los entregase la càmara», según explica el mismo Ferrer. El fotoperiodista trabaja como free-lance y estaba realizando un reportaje sobre los movimientos sociales. Después de los ataques contra periodistas en Terrassa, el SPC emitió un comunicado en el cual se rechazan las agresiones y se destaca que «el trabajo de los profesionales de la información es reflejar la realidad social que nos rodea y no tomar parte activa en los conflictos».
