El sector de los corresponsales ha obtenido en las últimas semanas dos victorias en el terreno sindical y en el jurídico que refuerzan sus reivindicaciones para ser considerados como unos redactores más de la plantilla de los medios. Las victorias han tenido casualmente (o no) el mismo escenario que es El Periódico de Catalunya. El rotativo de Antonio Asensio, con pocas semanas de diferencia, había despedido sus corresponsales en Lleida y el Baix Llobregat, Josep Maria Armengol y Xavier Adell respectivamente.
En el primer caso, Josep Maria Armengol, un juez social, ha estimado que la relación del corresponsal con el medio es de tipo laboral y que por lo tanto había que dictaminar el despido como improcedente. En la sentencia se estima que el grado de dependencia organizativa y funcional de los corresponsales es suficientemente evidente como para rechazar el carácter civil de la relación establecida, tal y como entienden algunas empresas. En el caso de Adell, la presión sindical, la solidaridad de los redactores de El Periódico y del resto de corresponsales en la comarca y la del SPC, forzó a la empresa a hacer marcha atrás en un despido provocado por las presiones de un alcalde, el del Hospitalet, a quien no gustaban las crónicas del compañero.
No se trata ahora de cargar las tintas sobre un medio determinado, porque la mayoría de estos medios actúan de manera similar. Esta sentencia y la movilización que ha generado el caso Adell tiene que mover a las empresas a la reflexión y afrontar de una vez por todas una negociación con los sindicatos para regularizar uno de los sectores laborales más desprotegidos. Los casos concretos que aquí nos ocupan no son situaciones aisladas. Las presiones a los periodistas que hacen información a comarcas son el pan de cada día y mientras haya un corresponsal sin contrato, un nuevo caso Armengol siempre será posible.