A finales de febrero se votará en el Parlament la propuesta de reforma del Gobierno a la Ley de la CCMA, y desde ahora se debatirán en comisión las enmiendas parciales de los diferentes grupos parlamentarios. La comparecencia de diferentes representantes de entidades y organizaciones en el Parlament en el mes de noviembre dejó claro que la gran mayoría veían en la propuesta de CIU, presentada apelando a la austeridad y a la eficacia, un grave peligro de regreso al gubernamentalismo, fundamentalmente porque quiere eliminar las mayorías cualificadas, que obligan al consenso, en los nombramientos y destituciones y en la toma de decisiones.

Ante la oportunidad de rediscutir los contenidos de la Ley hace falta insistir en primer lugar en qué los miembros del Consejo de Gobierno deben ser elegidos sobre todo en base a su competencia profesional y con garantías de actuación independiente, y no en base a la afinidad ideológica y a la representación parlamentaria. Pero si esto no se respeta, es obvio que la reducción de miembros del Consejo, mantenido con criterios partidistas, no hará más que consolidar la mayoría progubernamental en su seno. Y esto sería un paso atrás para el pluralismo y la profesionalidad en la información y en la programación, y también para el modelo de CCMA y el volumen de sus empresas. Más todavía si consideramos las afinidades políticas y económicas de los promotores de la reforma, y de quien los apoya, con grupos mediáticos locales, con fuertes intereses en el sector audiovisual.

De aquí que el Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació haya presentado a los grupos parlamentarios las siguientes propuestas de enmiendas, vertebradas por el principio que el consenso o una mayoría cualificada deben inspirar todas las decisiones en un tema, la CCMA, que debe ser “de país”, y no de gobierno.

• Que los miembros del Consejo de Gobierno, que debe evaluar el CAC, se elijan “entre personas de experiencia profesional contrastada en el sector audiovisual y que ofrezcan plenas garantías de independencia”.
• Que no se otorgue al Presidente del Consejo de Gobierno las funciones de dirección ejecutiva ordinaria, ahora en manos del director general. Fusionar la función representativa y la ejecutiva reforzaría el control político de la Corporación.
• Mantenimiento de la mayoría de 2/3 necesaria para la elección del Consejo de Gobierno de la CCMA y de su Presidente por parte del Parlamento.
• Lo mismo con respecto a la destitución del Presidente del Consejo de Gobierno.
• Mantener la mayoría de 2/3 para nombrar y destituir al director/a general, y para aprobar la propuesta de Contrato-Programa y las directrices de cumplimiento de servicio público de la programación.
• Mantener la mayoría de 2/3 para la elección de los miembros del Consejo Asesor, y la presencia de representantes de los trabajadores de la CCMA.
• Mantener la independencia del Consejo Asesor por poderse autoconvocar, y no tan sólo a instancia del Consejo de Gobierno como propone la reforma.

Con respecto a las reformas propuestas por CIU a la Ley del CAC, orientadas a recortar la independencia de este organismo en beneficio del Gobierno, el SPC ha reclamado:

• Mantener el mínimo de tres grupos parlamentarios (y no rebajarlo a dos) para proponer a los integrantes del CAC, y la mayoría de 2/3 para su elección por parte del Parlament.
• Eliminar de la Ley vigente la elección del Presidente por parte del Gobierno. Redactado alternativo: “El Consejo del Audiovisual de Catalunya es integrado por ‘x’ miembros, los cuales son elegidos por el Parlament, a propuesta, como mínimo, de tres grupos parlamentarios, por una mayoría de dos tercios. El Presidente o Presidenta, será nombrado de entre ellos también por mayoría de dos tercios”.
• Garantizar el cumplimiento del mandato de los actuales miembros que no deben renovar, respetando el principio de legitimidad, que no se puede borrar retroactivamente.

Tanto con relación al CAC como al Consejo de Gobierno de la CCMA el sindicato no ha hecho causa del número de miembros, pero no es indiferente a que un número reducido, con los criterios controladores de la propuesta de reforma, tendrán un efecto negativo sobre el pluralismo y reforzarán la dependencia gubernamental, etapa esta que se quiso superar con la Ley vigente. Igual que serán un factor determinante a la hora de dibujar el espacio de los medios públicos de la Generalitat en el conjunto del sector audiovisual en Catalunya. Ante los argumentos de ahorro económico en la reducción, puede haber otras medidas, como la rebaja de los sueldos o la no sustitución de quienes han acabado el mandato.

Por todo ello, el SPC reclama de los grupos parlamentarios que se mantenga lo conseguido con todo lo legislado desde el año 2000 y que ha sido una referencia en toda España. Con el argumento de la austeridad y de la agilidad no se puede romper el elevado grado de consenso conseguido estos años, ni volver a hacer de TV3 y de Catalunya Ràdio un campo de batalla de las rivalidades partidistas y entre Gobierno y oposición. Porque hacen falta unos medios públicos potentes e independientes para cumplir su función de cohesión social y de integración lingüística y cultural y, por lo tanto, de consolidación y enriquecimiento de la democracia.

Barcelona, 13 de enero de 2012

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