Que la nueva Ley de la CCRTV (la tan aireada nueva CCMA, Corporación Catalana de Medios Audiovisuales) no se apruebe en esta legislatura significa:

• Que de acuerdo con la Ley de 1983, inspirada en la de RTVE de 1980, que pronto cambiará el Parlamento español, el gobierno seguirá designando el director general de la Corporación. Se habrá conseguido así que el primer Parlamento que acordó trabajar por la desgubernamentalización de los medios públicos quede detrás de las reformas legales en RTVE.

• Que de acuerdo con la misma Ley, los miembros del consejo de administración, en teoría personalidades de reconocido prestigio, seguirán representando directamente los partidos políticos, no tendrán dedicación exclusiva ni incompatibilidades, y continuarán con su tarea de fiscalización partidista en lugar de ser un órgano colegiado de cariz empresarial.

• Que gracias al mantenimiento del escenario, gobierno y oposición podrán retomar la batalla de acusaciones partidistas sobre quien controla la radiotelevisión de la Generalitat y de cómo es necesario el “control” desde el consejo de administración, reforzando así los argumentos a favor de los “bloques electorales” y del minutaje aritmético, en proporción a los resultados electorales anteriores, que es como para ellos debe interpretarse el precepto del “pluralismo”.

En nombre de los profesionales de la información y de la ciudadanía de Catalunya debemos agradecer este nuevo incumplimiento del acuerdo parlamentario de 1999, que sitúa a los informadores en las mejores condiciones para llevar a término su tarea profesional, y la sociedad catalana con la plena garantía de unos medios realmente públicos, no sometidos a presiones políticas ni fácticas, y situados en la línea siempre tan alabada de la BBC británica.

Y nos produce especial satisfacción la actitud de todas aquellas fuerzas políticas que de ninguna manera han puesto por delante sus estrategias partidistas y a corto plazo y que con su actuación final han asegurado un nuevo período de armonía y de profesionalidad en que no habrá confrontación política utilizando los medios de la Generalitat ni, mucho menos, interferencia de ninguna clase en la tarea de los profesionales de estos medios.

La farsa se ha terminado. Tomamos nota.

Barcelona, 24 de mayo de 2006

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