El Sindicat de Periodistes de Catalunya saluda que tras dos años estancado en la ponencia, el proyecto de Ley de reforma de la CCRTV haya entrado en período de enmiendas y de debate parlamentario, cuando se cumplen seis años y cuatro meses del mandato aprobado por el Pleno extraordinario dedicado al Audiovisual, el diciembre de 1999.

Contra las opiniones que relativizaban la importancia de esta reforma, su carácter subalterno a otras como la general del Audiovisual o la reforma del CAC, el SPC defendió incansablemente su importancia capital, no sólo porque esta fue la exigencia principal de los profesionales (comités profesionales, comités de empresa, sindicato y colegio de periodistas) y porqué, en consecuencia, debía influir en otros ámbitos como RTVE (como efectivamente así ha sido), sino porqué era el primero de los tres encargos acordado por las resoluciones aprobadas.

Sólo sofismas y medias verdades han entretenido durante estos años que se hiciera la reforma de la ley, para garantizar la desgubernamentalización de los medios públicos, y en los últimos tiempos ha sido curiosamente la oposición la que ha retrasado su aprobación con propuestas contrarias al espíritu de la reforma.

Por lo tanto, nos felicitamos que al fin se divise la salida del túnel de una ley demasiado tiempo congelada, pero a la vez alertamos contra los intentos de recortarla, sea por parte de los partidos de la oposición, que todavía deben hacer una manifestación pública del modelo de medios públicos que defienden, sea por la prudencia del Gobierno (que es quien ha presentado el proyecto) en aras de un consenso ideal que sólo sería una abdicación ante el chantaje de quienes nunca han creído en unos medios públicos realmente independientes. Con esto queremos decir que si ya se ha aflojado en la composición de miembros del futuro consejo de administración (de 7 a 9, cuando la oposición, como RTVE, pedía 12), desvirtuando el cariz profesionalizado e independiente que debe tener este órgano, y no el de correa de transmisión de los partidos políticos, no se puede ceder más en el tema de las incompatibilidades de los miembros (que debe ser parecido al del CAC, para garantizar la dedicación llena y profesional) ni en el derecho de entidades sociales a presentar al CAC candidatos a ser miembros del consejo para que éste los presente al Parlamento, facultad esta que desde posiciones conservadoras se quiere limitar a los grupos parlamentarios. Ni que decir tiene que para los trabajadores y para las organizaciones sociales, ya excluidos de cualquier representación directa en el consejo de administración, este punto es básico paraa adelantar hacia un modelo de radiotelevisión publica no sólo independiente de los gobiernos y de los partidos, sino enriquecido por la aportación de quien los hace posible, con su trabajo y con su financiación.

Catalunya fue líder hace seis años en la reforma del sistema audiovisual y debería continuar siéndolo, y por esto hace falta ya la aprobación con la mayor brevedad posible de la nueva ley de la CCRTV y en los términos en que la formularon los partidos que lo su día plantearon la reforma.

Barcelona, 10 de abril de 2006.