Este artículo ha sido publicado por la revista Comunicació21 en su edición del mes de enero de 2006

La aprobación de la nueva Ley del Audiovisual de Catalunya ha coincidido con un dictamen del Consejo Audiovisual de Catalunya (CAC) sobre los excesos de algunos programas de la cadena radiofónica COPE. El alboroto de la COPE lleva meses dando vueltas; la ley, años de elaboración a fuego lento, a pesar del acuerdo unánime del Parlament que se remonta al primer plenario de la última legislatura convergente.

El dictamen del CAC habría traído cola en cualquier momento en que se hubiera hecho público. Lo mismo que la ley cuando hubiera sido aprobada. El cóctel de los dos hechos casi simultáneos ha resultado explosivo. Sobre todo porqué fuera de Catalunya la conciència sobre la necesidad de una regulación explícita del sector audiovisual es aún más débil que aquí. Y porqué llueve sobre mojado. La ofensiva ya emprendida por los editores, y sus portavoces, contra el proyecto de ley del Estatuto del Periodista Profesional (EPP), actualmente a debate en las Cortes Generales, es exactamente la misma, y con los mismos argumentos, que la embestida contra toda intención de regular el sector audiovisual. Al fin, los editores son ya todos multimedia y con un único discurso: que nadie regule ningún derecho a la información.

Tanto es así que una editorial de uno de los diarios con más audiència de la derecha tradicional española se atreve a pontificar: “¿Quiénes son los políticos para legislar sobre la libertad de expresión?” Esta frase supone dos insultos a la inteligencia. En primer lugar: ¿Quien puede negar la necesidad de legislar sobre derechos constitucionales como la libertad de expresión y de información y sus corolarios, la cláusula de conciencia y secreto professonal? Y, en segundo lugar, ¿quién, al margen de los políticos, elegidos precisamente para legislar, tienen la potestad y el deber de hacerlo?

Però la escandalera sobre la ley catalana y las potestades sancionadoras del CAC es sólo el primer acto de la tempestad que se producirá cuando el Gobierno estatal presente el proyecto de ley del audiovisual que tiene prácticamente ultimado y anuncie la creación de una autoridad del audiovisual para el conjunto del Estado. Entonces saldrán nuevamente los mismos cañones que ya han retumbado contra el EPP, con acusaciones de franquismo, estalinismo, corporativismo, intervencionismo, inconstitucionalidad, atentado a la libertad de expresión, voluntad censora, intento de sovietizar las redacciones… Todo ello por reclamar derechos y ofrecer obligaciones comunes en la casi totalidad de países democráticos.

¿Qué nos pasa en esta débil democracia española que nadie puede poner normas al poder absoluto de los propietarios de los medios de comunicaciòn? ¿Es que finalmente deberemos acceptar que la información es una mercancía y no un derecho de la ciudadanía? ¿Es que la propiedad de los medios conlleva también el derecho a configurar la realidad que más convenga a sus intereses? ¿Debemos seguir en la exepcionalidad del España es diferente que inventó aquel ministro de Informacion y Turismo del tardofranquismo, autor de una norma conocida como la ley Fraga que aún nadie ha derogado?

Pero la confusión sobre la necesidad de regular el derecho a la informaciòn llega hasta sectores de buena fe que ignoran las legislaciones en uso en países de nuestro entorno o que sospechan de manera generalizada sobre la capacidad de nuestros políticos, que han mostrado una sensibilidad lo bastante dudosa sobre esta materia durante toda la etapa del actual período democrático, utilizando y abusando de los medios públicos con la misma ligereza que lo han hecho los propietarios de los medios privados, y considerándose propietarios de aquello que sólo podían gestionar por delegación de la ciudadanía.

És más, algunos miembros del CAC, nada sospechosos de ignorancia, se defienden de los ataques recibidos, diferenciando la necesidad de regular los medios audiovisuales porqué son de concesión administrativa, mientras que descartan la necesidad de regular la información en la prensa porqué son empresas no dependientes de licencia específica. En primer lugar debería recordarse que el Código Deontológico del Periodismo, aprobado por unanimidad en el Consejo de Europa, determina que las empresas informativas no són empresas convencionale si no que deben ser consideradas empresas socio-económicas y con responsabilidades específicas. En segundo lugar, la deontología profesional es la misma para todos los soportes informativos y el derecho ciudadano a la información no distingue entre sectores. Por último, los criterios que utilizan las autoridades del audiovisual, la de casa y las de toda Europa, son exactamente los que configuran los códigos de deontología de la profesión periodística, los de casa y los de todo el mundo.

Se produce, pues, una esquizofrenia inverosímil al considerar que aquello que empieza a ser razonable para los medios audiovisuales no lo es igualmente para el conjunto del sistema de medios de comunicacion social. ¿A que se dedica pues el Consejo de la Información portugués? ¿O el Ordine italiano? ¿O la Comisión Nacional de acreditaciones francesa, si no a regirse por los mismos criterios deontológicos que las autoridades del audiovisual y con capacidades de intervención similar para el conjunto de los informadores y empresas informativas? Se ha llegado a argumentar que la deontología es un compromiso particular y voluntario del informador. Y que en todo caso procede la autorregulación. ¿Es que el juramento hipocrático permite elegir entre curar o matar según alguna particular conciencia del médico de turno? Y la autorregulación ¿Con quién? ¿Con los empresarios que no admiten ninguna intervenciòn de nadie en su poder absoluto? ¿Cuantos consejos de redacción se han podido crear en todo el Estado Español en los últimos 25 años? Fuera de Catalunya tres: dos de ellas en crisis de funcionamiento por incumplimientos de las empresas de los acuerdos pactados; y en Catalunya cinco, dos de ellos en empresas públicas. Éste és el balance de la autorregulación en todo el Estado desde el inicio del actual período democrático. ¿Y el balance de la conducta de los medios? Como muestra, la COPE.

Etiquetas: ,