El gobierno catalán responde a la campaña para evitar el cierre de La Tele con razones que no son ciertas y oculta sus competencias, que sí utiliza contra los medios comunitarios y su desarrollo.

La movilización ciudadana que ha apoyado la campaña de protesta impulsada por el medio sin ánimo de lucro La Tele de Barcelona, que ha sido sancionada por la Generalitat de Catalunya con una multa de 500.001 euros y el precintado de todos sus equipos, ha sido contestada por parte de la administración catalana competente en materia audiovisual con la tergiversación de la realidad. Frente a las peticiones de retirada del proceso sancionador y de la correcta regulación del Tercer Sector de la Comunicación, la Dirección General de Medios de Comunicación ha contestado a dichas peticiones alegando que las leyes de comunicación audiovisual española y catalana contemplan sanciones por emitir sin licencia y que dichas licencias reservadas para medios sin ánimo de lucro corresponden a una planificación del gobierno estatal, no del autonómico.

Sin embargo, las leyes de telecomunicaciones que existen en democracia desde el año 1987 contemplan que las licencias se otorgan a la gestión indirecta del espectro radioeléctrico a personas físicas o jurídicas, sin entrar a discutir si estas figuras han de tener o no ánimo de lucro, como sería el caso de La Tele y de su colectivo gestor, la Assemblea per la Comunicació Social, que carece del mismo. De hecho, a lo largo de las últimas décadas, comunidades autónomas como Madrid, Comunitat Valenciana, Andalucía, Galicia, Canarias, Asturias, Castilla-La Mancha, Navarra, La Rioja y la propia Catalunya han otorgado licencias de comunicación audiovisual a entidades sin ánimo de lucro. No sólo eso, sino que en numerosas preguntas realizadas a los diferentes gobiernos españoles de PP y PSOE desde el año 1998 y hasta el 2012 por parte de diversos diputados/as sobre quién tiene la competencia de otorgar licencias a entidades sin ánimo de lucro, el gobierno central ha contestado que no hay absolutamente ninguna normativa que impida a las comunidades autónomas reservar de motu proprio frecuencias para este tipo de medios.

Por otro lado, en el caso de que efectivamente fuera el gobierno central quien tiene que reservar estas frecuencias -tal y como parece entender la Generalitat-, ésta no ha solicitado en ningún momento al Gobierno español una planificación de frecuencias para sus servicios de comunicación comunitarios (sólo lo ha hecho Andalucía y Castilla-La Mancha) y, además, no ha desarrollado reglamentariamente ninguna normativa específica para este tipo de medios.

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