La Federación de Sindicatos de Periodistas pide que no se reduzcan los puestos de trabajo en RTVE y que se aplique el informe del Comité de Expertos

El inicio de comparecencias de expertos en el Congreso de los Diputados para opinar sobre el proyecto de Estatuto del Periodista Profesional (EPP) ha desatado una reacción en contra por parte de varios medios de comunicación. La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) rechaza estas críticas porque no responden al contenido real del estatuto, sino que obedecen a intereses exclusivamente mercantilistas.

La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP, reunida este fin de semana en Palma de Mallorca, sale al paso de estas críticas infundadas y aclara que:

1. Con el EPP se pretende regular legalmente la profesión periodística, como lo está en los países europeos de nuestro entorno, para que se cumpla de una manera eficaz el derecho constitucional que tiene la ciudadanía de recibir información veraz.

2. El EPP no recoge prebendas para los periodistas ni pretende limitar la libertad de expresión, sino que establece unos deberes y derechos de los informadores para que puedan trabajar sin presiones políticas, económicas o de cualquier otro tipo.

La FeSP espera que los 44 expertos que van a comparecer en el Congreso de los Diputados aporten argumentos suficientes para que el Parlamento apruebe un EPP digno y no descafeinado.

La Junta Ejecutiva de la FeSP también ha acordado mostrar su rechazo al propósito, no desmentido, de suprimir entre 3.000 y 5.000 puestos de trabajo de RTVE. Estos despidos conducirían a la desaparición de empresas y de centros territoriales de RNE y de TVE, con lo que la Radiotelevisión pública sufriría un golpe mortal.

Asimismo la FeSP lamenta que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2006 vincule la subvención anual a RTVE a este plan de reestructuración; cuando aún no se ha aprobado la Ley sobre la Radiotelevisión Pública estatal y, además, no se siguen las recomendaciones del Comité de Expertos que, durante meses, por encargo del Gobierno, elaboró un informe sobre la reforma de los medios de comunicación públicos. Así pues, de llevarse a cabo estos planes, dicha reforma quedaría en papel mojado.

Palma de Mallorca, 23 de octubre de 2005