El trato dado en el programa de Tele 5 que presenta Ana Rosa Quintana a la mujer de un acusado de asesinato, para conseguir la «exclusiva» de que ella acusara a su marido del crimen de la niña Mari Luz, ha traspasado todos los límites de la ética que debe regir siempre la profesión periodística. Este lamentable comportamiento, totalmente rechazable, demuestra una vez más la necesidad de que exista una autoridad reguladora de los medios de información audiovisuales, que no debe confundirse con la censura como intentan hacer creer quienes sólo buscan su negocio a costa de cualquier método.
No sirve como justificación que esa presentadora diga que han dado la noticia que cualquier periodista querría dar ni que Tele 5 haga recaer toda la responsabilidad en la productora Cuarzo, que realiza el programa. Tanto esa cadena y la productora como Ana Rosa Quintana y todos los que acosaron en las pausas publicitarias a una mujer con evidentes signos de padecer alguna deficiencia mental, hasta que lograron que acusara a su marido -después de haber declarado en el juicio que era inocente-, son responsables de un comportamiento que los periodistas rechazamos.
No es la primera vez que se ultraja a una persona en una cadena de televisión y todo se queda en algunas críticas, sin ninguna consecuencia para quien lo hace, lo que impulsa al medio a repetirlo para lograr audiencia.
Ante esta situación, que viene repitiéndose desde hace muchos años, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) denuncia la intolerable falta de coraje cívico del Gobierno central y el Parlamento, que están permitiendo a los dueños de algunos medios de comunicación vulnerar las normas más elementales de la decencia, la ética profesional y el sentido común, por no promover una regulación legal del periodismo.
Una vez más, la FeSP hace un llamamiento a los parlamentarios -especialmente a los dos grupos mayoritarios, PSOE y PP- para que asuman su responsabilidad de preservar el derecho constitucional a la información que tiene la ciudadanía.
La FeSP pide a las organizaciones profesionales que abandonen los pronunciamientos vacíos como única respuesta a estos casos, que no se alineen con los intereses empresariales de los medios y defiendan medidas eficaces para preservar la salud profesional de los medios y para recuperar el prestigio de la profesión periodística.
