El secretario general de la FeSP, Dardo Gómez, continúa con la serie de artículos que el SPC presenta para animar el debate de la IV Asamblea de Periodistas, que se celebrará el próximo 16 de junio bajo el lema Qué quedará del periodismo.

La concentración de medios tantas veces anunciada y denunciada como un riesgo para el derecho a la información es una realidad no demasiado interiorizada en el ámbito español.

La propia Asociación Española de Anunciantes (AEA) decía la semana pasada que es inviable para la publicidad “un mercado anticompetitivo en el que la televisión esté en un 85% en manos de dos grupos y con una posibilidad de saturación publicitaria de hasta 20 minutos de publicidad por hora de emisión televisiva”. Se refería, obviamente a la posición claramente dominante de Antena 3 y Mediaset.

Pero no ha sido distinto en los medios de prensa o en la radio, donde el afán de todas las empresas ha sido tejer redes de medios con la clara intención de dominar el mercado publicitario, hacer más rentables los costes de los contenidos y más eficaces los negocios paralelos que encontraban amplios soportes en su red de medios que abarcan todas las plataformas.

En lo interno de las empresas, estas expansiones han hecho necesarias la participación accionarial de empresas ajenas al campo de las comunicaciones -energéticas, financieras, alimentarias, etc- que han hallado en estas inversiones, además de ganancias pecuniarias en un pasado reciente, el respaldo de protección o propaganda para sus actividades o el silencio para sus desmadres.

Al margen del dominio económico, aunque sin restarle importancia, estas concentraciones producen un grave daño cultural y a la democracia de los pueblos. Así, en todos los espacios del Estado Español existen burbujas culturales que solo sirven para promocionar fórmulas propias y, como consecuencia, a silenciar formulaciones que no entran en el circuito de esas burbujas.

Como se señala en el documento de 21 puntos que fue fundamento de la Ley de Servicios Audiovisuales de la Argentina (hoy un referente en este tipo de regulaciones) “Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos.”

El mismo documento señala que el “ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información.”

Está claro que esto es aplicable a todas las plataformas de la comunicación y la posterior legislación derivada de estos planteos señala que “el público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural. Para ello se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción de bienes culturales.”

Esta intención se ha plasmado garantizando la existencia de “tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión: públicos, comerciales y comunitarios de organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro.” Y garantizando el acceso igualitario tanto a la frecuencia como el uso de potencias y las formas de financiación.

Claro está, eso es todo lo contrario a la ley del audiovisual español y a las normas que en estos momentos se están profundizando por parte de los actuales gobiernos catalán y estatal.

Normativas como esta de regulación de los medios se están promoviendo en todo el espacio latinoamericano y son la causa, esencial, del ataque de los medios españoles -en discurso único- a estas normas para acabar con el monopolio de la comunicación.

Inscripciones per asistir a l’Asamblea: assembleaperiodistes@gmail.com

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