La incertidumbre sobre la formación del nuevo gobierno catalán se refleja en la situación que viven las empresas de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV). Como que en la pasada legislatura no se cambió la Ley de la Corporació que, calcando el Estatuto de RTVE de 1980 otorga al gobierno la competencia de nombrar al director general y deja a la oposición el regalo de enviar al consejo de administración sus representantes en un órgano sin casi competencias, ahora, tanto TV3 como Catalunya Radio y otras empresas, están pendientes del resultado final del color del gobierno para saber “a quien pertenecerán”. Todo esto, para ser claros y sin ambajes, a pesar de las parafernalias verbales sobre la independencia de los medios, etc., que incluso el PP escribe en su programa electoral.

I no sólo esto: nos consta que en las negociaciones entre partidos para formar gobierno, la CCRTV es una de las áreas más deseadas, como si se tratara de una consejería más del gobierno. Esto nos hace dudar legítimamente de la voluntad de los representantes de la sobiranía popular de ser consecuentes con las propuestas de independencia, neutralidad y servicio público de verdad que corresponde a los medios de comunicación dependientes de la Generalitat. Si se está por el consenso, para que la CCRTV responda sobre todo a los intereses de la sociedad y se parezca un poco al papel que juega la BBC en el Reino Unido, las conversaciones sobre la Corporació deberían hacerse en el marco de unos acuerdos parlamentarios, y no en las negociaciones para formar gobierno.

Mientrastanto, y fruto de la politización y partidización de origen, y de haber desaprovechado hace dos años (cuando el cese de Miquel Puig como director general) la oportunidad de cambiar la situación, en TV3 y Catalunya Radio se vive en una paralizadora provisionalidad, que afecta proyectos tan ambiciosos como el canal 3/24. Provisionalidad que en unos medios independientes no debería existir, y que pone en evidencia el problema de fondo de los medios públicos, incluso si se trata, como en este caso, de los menos degradados y dependientes de los que hay en el conjunto de España.

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