El magistrado Santiago Pedraz ha considerado que la Audiencia Nacional no es competente por investigar en la querella por injurias y calumnias presentada por el sindicato Unificado de Policía (SUP) el pasado 12 de diciembre, en la cual acusaba al periodista de la cadena COPE Federico Jiménez Losantos de vulnerar el «legítimo ejercicio de la libertad de expresión». La denuncia incluía recortes de prensa y grabaciones que demostrarían que el periodista habría acusado a agentes de policía, con sus nombres y apellidos, de colocar la bomba de Vallecas, de haber permitido el atentado del 11-M, de haber falsificado pruebas, de tener conexiones con ETA y de colaborar en un golpe de estado. El responsable del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ha argumentado en el auto que este tribunal no puede ocuparse de estos hechos porque este delito «no está atribuido a su competencia», pese a la opinión de la Fiscalía, que señalaba que las injurias a la Policía podrían incluirse en los delitos contra las instituciones del Estado o altos organismos de la nación, que sí son de la jurisdicción de este tribunal.
De este modo, es muy posible que esta denuncia entre en una peregrinación entre competencias que puede acabar tanto con su archivo como en una resolución de aquí a dos o tres años cuando los efectos del acto presuntamente cometido o el demérito de la denuncia ya no tengan relevancia pública. Esto pone en evidencia una vez más la necesidad en España de una autoridad de la información como la que tenía prevista el Proyecto de Estatuto del Periodista Profesional (EPP) que los partidos mayoritarios han abortado en el Congreso de los Diputados. El SUP ha presentado la misma denuncia contra el periodista Luis del Pino, colaborador de Libertat Digital y El Mundo, caso que tramita el juez Baltasar Garzón y sobre quien la fiscal de la causa, Dolores Delgado, aun no se ha pronunciado.
