El presidente de la Plataforma Europea de Autoridades Reguladoras y miembro del Consejo Audiovisual de Catalunya (CAC), Joan Botella, ha defendido la independencia de estas autoridades para emitir dictámenes sobre las informaciones de los operadores de radio y televisión que puedan incumplir las normas deontológicas básicas o fomenten el odio entre los ciudadanos y negó que traten de sustituir a los jueces o supongan ningún tipo de censura. Botella hizo esta afirmación en su intervención en el debate Consejos Audiovisuales: ¿solución o problema?’, que se celebró en Madrid el pasado 11 de febrero, organizado por el Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM). El ponente del CAC explicó que estas entidades reguladoras son comunes en todos los países europeos, sus miembros son nombrados normalmente por el Parlamento, al igual que los de otras altas instituciones del Estado (por ejemplo, el Tribunal Constitucional en España), no pueden tener relación con ningún medio de comunicación y su actuación “cuenta con todas las garantías de todo procedimiento administrativo”.

Así, explicó que en el caso del expediente abierto en Cataluña a la cadena COPE, esta pudo hacer sus alegaciones aconsejada por su equipo jurídico, que no cuestionó el fondo del dictamen del CAC sino tan sólo su competencia. Negó que detrás de la actuación del CAC haya ninguna aspiración de sanción a la COPE o de retirar su licencia y se mostró confiado en que el accionista del medio de comunicación logrará que modere alguno de sus planteamientos. También aseguró que los consejos reguladores tienen la ventaja de actuar rápidamente, frente a la lenta mecánica judicial, y recordó que todas sus decisiones son recurribles judicialmente. En este sentido, dijo que su actuación trata de “buscar soluciones satisfactorias para el conjunto de intereses afectados”, es decir, el medio, los anunciantes, los profesionales y el público, que tiene derecho a una información veraz, frente a la justicia, que “aplica la ley de modo inequívoco”.

En su opinión, el consejo audiovisual que se habrá de crear a nivel nacional “se iniciará como un órgano con pocas pretensiones. Es muy difícil con la polémica que se ha creado que sea una entidad fuerte y de gran autoridad, eso se conseguirá con el tiempo”. No obstante, califico de “alta” la necesidad en España de creación de este consejo audiovisual, dado el “encrespamiento político existente entre políticos y medios” y porque “lo que ocurre en España no ocurre en otros países europeos”.

Más contundente se mostró Dardo Gómez, secretario de Organización de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), quien aseguró que “será una cobardía democrática si el Gobierno actual no crea un consejo audiovisual como el que existe en nuestros países vecinos y nos colocaría en el furgón de cola de la Unión Europea”. Gómez recordó que el Código Deontológico del Consejo de Europa fue apoyado por todos los partidos españoles y en él se ponen limitaciones a las informaciones que fomentan “el odio, el terrorismo o el enfrentamiento entre los ciudadanos”.