Por encima de cualquier interpretación de la votación de ayer sobre la reforma de la Ley de la CCMA hay un hecho evidente: el Parlament se dividió en dos bloques y el Gobierno rompió el consenso logrado en la Ley de 2007 que costó siete años sacar adelante. Es decir que lo que debía ser una ley para dirigir una herramienta de país vuelve nuevamente a la dialéctica entre gobierno y oposición, contraviniendo la normativa europea al respecto y acercándonos a los deplorables ejemplos de radiotelevisión progubernamental que se mantienen todavía en media España y amenazan también con volver a RTVE. Además, CiU saca adelante esta contrarreforma con el PP, que votó contra la ley vigente hasta ahora, que se desmarca de sus objetivos fundacionales, que propone la desaparición o la privatización de las autonómicas, que llevó al Constitucional la Ley Audiovisual de Catalunya, y que ahora quiere modificar la Ley Audiovisual española para que no se cree el CEMA, mientras en Catalunya pacta con CiU una plaza más para estar presente en el CAC, que también se ha reformado para hacerlo menos independiente de las mayorías coyunturales en el Parlament.

A estas alturas ya nadie se engaña sobre los supuestos objetivos de austeridad y de agilidad argumentados para la reforma: se podía ahorrar también reduciendo los sueldos de los miembros del CAC y del Consejo de Gobierno de la CCMA (aprobados por el propio Parlament) y reduciendo también el número de integrantes, pero de manera consensuada y no tomando la bandera de los profesionales que durante años hemos criticado la política de cuotas políticas en vez de los criterios profesionales, y utilizarla ahora para justificar una reducción que deja el gobierno de la CCMA en manos de la mayoría de gobierno sin cambiar el criterio de las cuotas, que ahora lo serán los tres grandes.

Lo que se buscaba desde hace tiempo ya se ha conseguido: volver al control gubernamental de los medios públicos de todos los catalanes para garantizar lo que algunos llaman el “relato nacional” pero que más bien puede ser un relato del partido gobernante.

A pesar de lo que dice la Ley, donde a partir de enmiendas de representantes de los trabajadores se han introducido expresiones más exigentes para garantizar la idoneidad de los candidatos al Consejo de Gobierno, que debe evaluar el CAC, no es fácil imaginar que los partidos mayoritarios no hayan iniciado ya la fontanería habitual, que aparece abiertamente en la prensa, para repartirse las sillas no sólo del CAC y del Consejo de Gobierno de la CCMA, sino los directores de TV3 y Catalunya Ràdio y los jefes de informativos respectivos .

Por todo ello el SPC reitera la denuncia pública a la sociedad de la estafa que representa este enorme paso atrás en la democratización de los medios públicos de la Generalitat, porque afecta al derecho constitucional de los ciudadanos a una información veraz, libre y rigurosa, y también en cuanto al debilitamiento de unos medios básicos para la vertebración social, lingüística y cultural, en un panorama mediático adverso dominado por grupos privados de ámbito español y con intereses de negocio y no de servicio público. Se ha visto en la aceptación vergonzante por parte de CiU de la enmienda presentada por el PP a petición de la asociación de radios privadas, la ACR, y se puede ver en el futuro cuando se plantee para TV3.

El SPC da todo el apoyo a los trabajadores de la CCMA, que pueden sufrir pronto cambios que respondan sólo a intereses partidistas y que pueden distorsionar los criterios profesionales que progresivamente se han ido imponiendo, y les anima a utilizar las herramientas democráticas conseguidas hace años justamente para oponerse a situaciones como la que puede volver a venir.

Pero ningún ciclo es igual al anterior, y si algunos, por intereses a corto plazo, han roto el espejo de la Corporación, contra todo su ideario nacionalista y contra los partidos que compartían el papel y el modelo de la CCMA, los trabajadores sabrán recoger las micas y recomponerlo con el apoyo de la sociedad, que ya ha empezado a saber lo que se perderá debido a los recortes presupuestarios, de la imposición de la limitación de la publicidad y de las directrices que emanen de una dirección que responderá sólo a la lógica del Gobierno.

TV3 iba bien, líder los últimos años, en competencia con grandes televisiones privadas; Catalunya Ràdio mantiene un dignísimo lugar en Catalunya, y la nave se iba encaminando hacia el reflotamiento. Ahora, sin ninguna razón empresarial ni de gestión ni ninguna necesidad democrática, se interrumpirá esta dinámica y se procederá a cambiar los puestos de mando con la consiguiente discontinuidad, agravada por la disminución presupuestaria y publicitaria, que quiere decir de la oferta y de la audiencia, que puede ser el escenario para profundizar en la ofensiva contra los medios públicos y preparar el terreno a una reducción de plantilla o a la privatización total o parcial de la CCMA. Y aquí saldría perdiendo, aún más, toda la sociedad catalana.

Barcelona, 16 de febrero de 2012

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