El Sindicat de Periodistes de Catalunya reitera la denuncia pública de que en distintas empresas y administraciones hay quien está convencido que el poder económico y político da carta blanca para controlar los medios de comunicación y ejercer sobre ellos una presión para tener una prensa dócil y apartar a los periodistas que pueden ser más críticos con quien paga o manda. Es un hecho asumido con resignación por los periodistas en situación más precaria, como la mayoría de los de Tarragona, pero que vulnera uno de los principios constitucionales como es el de la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada.

Esta presión, con la amenaza de reducir la publicidad o la subvención, no sale a la luz porqué los propios medios se encargan de esconderla y los perjudicados no quieren ver estigmatizado su futuro profesional. Esto provoca la autocensura por parte de los periodistas o su cambio de destino o la rescisión de su contrato. La precariedad en Tarragona y las comarcas del Ebro, con ausencia de contratos o, en su caso, contratos-basura, y la desregulación laboral, provoca situaciones de abuso horario –se pueden superar las 50 horas semanales- a cambio de unos salarios que en muchas ocasiones no llegan a los 1.000 euros mensuales, o al abuso de estudiantes en prácticas, creando miedos y docilidades. La afiliación y el control sindical permite denunciar y hacer frente a los abusos, mientras que, en caso contrario, los miedos facilitan las amenazas.

Ésta es una situación intolerable que afecta a la calidad de la información que recibe la ciudadanía y se añade al control que también ejercen ciertos ayuntamientos, como alguno geográficamente muy cercano, que se permite dar lecciones de deontología a los periodistas acusándolos de manipuladores e ignorantes si se atreven a ser críticos con quien manda. Los empresarios de los medios, por si es necesario, tramitan rápidamente las finalizaciones de los contratos, si es que el periodista implicado goza de uno. Una política de tierras cavadas, mejor dicho, queremos decir de tierras quemadas de la profesión, que se da Más en Tarragona, donde justamente hace dos años tuvo lugar una Convención de Periodistas en la que se aprovó un documento para regular al sector y los derechos laborales de los periodistas.

Ésta es una situación 100 por 100 cien injusta por parte de algunas empresas y administraciones que condicionan la línea informativa de los medios y la dignidad de sus profesionales. Últimamente se han producido nuevos casos de periodistas excluidos que se añaden a otros que han sucumbido a los intocables intereses urbanísticos, campos de golf, empreses químicas o de empresarios de la comunicación. El SPC difundirá estas agresiones al derecho a la información, evitando en todo caso que ello pueda perjudicar a los trabajadores de la comunicación. Consideramos que, como mínimo, es necesario que la ciudadanía conozca el por qué de la falta de rigor y calidad de algunas noticias.

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