El Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) presentó el pasado 13 de junio una demanda de conciliación con la televisíón autonómica IB3, propiedad del Gobierno Balear. Esta demanda es previa a un recurso contencioso administrativo, para solicitar que el medio público absorba la plantilla que cubre sus servicios informativos de radio y televisión a través de las empresas subcontratadas SBT y Salom.
En total, son 240 los trabajadores que se encuentran afectados por la situación de prestamismo laboral que ahora han denunciado judicialmente los periodistas baleares. Se trata de periodistas, técnicos y asesores lingüísticos, trabajadores que, según el SPIB, deben poder elegir entre adquirir la condición de fijos en IB3 o en su empresa original.
El letrado del sindicato, Ferran Gomila, fundamenta la demanda en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que forzó al contrato de numerosos trabajadores por parte de TVG, la televisión autonómica gallega. Declara el abogado del SPIB, que «nos hallamos ante un burdo mero suministro de trabajadores» en régimen de «tráfico prohibido».
Gomila constata que las sedes laborales de SBT se solapan con los centros de trabajo de la televisión IB3, sin que la radiotelevisión autonómica cuente ni con un solo periodista propio que haga uso de sus instalaciones, preparadas para la producción de noticias. El letrado describe el ente público como una «Ciudad Prohibida en la que sólo proliferan los altos cargos, una élite que rige de hecho la actividad de toda la base creadora, elaboradora y realizadora de las noticias». Agrega, que la empresa SBT «es completamente insuficiente para la actividad noticiosa».
