El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) se solidariza con los trabajadores del diario Gara, ante la voluntad de la Seguridad Social de responsabilizar la empresa editora del rotativo, Baigorri, de las deudas de Orain, editora a su vez del diario Egin, circunstancia que, según han afirmado los propios trabajadores afectados, supondría “una sentencia de muerte”. La decisión de la Seguridad Social es resultado del auto firmado por el juez Baltasar Garzón de 20 de julio de 2000 en el cual declaraba la sucesión de empresas entre Orain y Baigorri. Se da el caso que Orain no ha desapareacido sino que ha sido intervenida por el propio Garzón que ha nombrado un administrador judicial.

El SPC da su apoyo a las mobilizaciones convocadas por los trabajadores, la última de éllas, celebrada el pasado 19 de julio, reunió a miles de personas en una cadena humana que enlazó Donosti con las estatuas de Eduardo Chillida y Jorge Oteiza en la Bahía de la Concha. Debe recordarse que Orain dispone de bienes para afrontar las deudas, que han sido embargados por la Seguridad Social pero que sobre los que no ha habido ninguna otra actuación por parte de la Tesorería de la Seguridad Social. Por esta razón coincidimos con los trabajadores de Gara que se trata de una persecución política, que rechazamos enérgicamente, y exigimos que no se utilice la Seguridad Social para acallar la voz de un sector importante de la sociedad basca. Con esta actuación, el derecho a la información de la ciudadanía de Euskadi y el de la libertad de expresión de los trabajadores de Gara -prerrogativas fundamentales en toda sociedad democrática- están seriamente amenazados.

El pasado 4 de julio venció el plazo dado por la Seguridad Social para que Baigorri -y la imprenta KIE- asumieran la deuda de Orain (5,5 millones de euros). Hasta el momento, la Seguridad Social no ha iniciado el embargo de la editora y la imprenta de Gara, pero esto no significa que no vaya a hacerlo en qualquier momento. Por esto, insistimos en que no es admisible responsabilizar a terceros de las deudas de Egin, para las que la empresa editora dispone de bienes para afrontarlas. Y si éstas no tienen el valor suficiente se debe básicamente a la mezquindad de las autoridades estatales que intervinieron Egin, que han permitido que las propiedades de Orain no sólo se deterioraran sino que incluso se estropearon voluntariamente algunas piezas para evitar el funcionamiento de la maquinaria. En la rotativa de Egin todavía hay las tintas con las que el 14 de julio de 1998 estaba cargada a punto para entrar en funcionamiento. El juzgado encargado de la custodia de estos bienes no ha hecho nada para evitar que las goteras deterioraran las instalaciones. Hacer pagar esta desidia a las empresas de Gara sólo puede entenderse como una acción política para acabar con una voz discrepante del mensaje oficial que quiere mponer el Gobierno del PP.

Barcelona, 23 de julio de 2003

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