Los asesinatos de periodistas en el Perú, durante la guerra interna entre 1980 y 2000, continúan impunes. El SPC y la FeSP se reunieron con Javier Ciurlizza, secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (CVR), y Nelson Manrique, historiador e investigador de la CVR, quienes hicieron notar la gravedad de las violaciones de los derechos de los periodistas en el país y el que aún no se inicien las investigaciones judiciales.
La CVR fue desactivada por el gobierno de Alejandro Toledo en agosto de 2003, inmediatamente después que presentó el Informe Final de 4500 páginas y nueve tomos de Anexos, que incluye un capítulo dedicado a las violaciones de los derechos de los periodistas. La CVR hizo llegar al Ministerio Público decenas de casos de flagrantes violaciones de derechos humanos, muchos de ellos masacres, pero sólo tres han sido abiertos por las autoridades judiciales.
Según el Informe Final, más de 69.000 personas fueron asesinadas durante el conflicto, unas 10.000 permanecen desaparecidas, 100.000 fueron torturadas, unos 40.000 niños quedaron huérfanos, cientos de miles fueron desplazados y la práctica totalidad de mujeres detenidas o asesinadas fueron violadas, por las fuerzas armadas o por los militantes de Sendero Luminoso. Y se calcula en 400 las fosas comunes. La gran mayoría de las víctimas –tres cuartas partes en el caso de asesinatos- eran pobres, campesinos, quechuahablantes, lo que se explica por el racismo y la indiferencia de la sociedad peruana, los partidos poíticos y la comunidad internacional, que se movilizo en casos de conflictos similares sudamericanos con menor número de bajas, pero de clases medias.
En cuanto a los periodistas, el Informe Final da cuenta, en su capítulo III, del asesinato de 51 periodistas, de los cuales 27 durante los dos gobiernos de Fujimori, cuando también fueron detenidos más de cien periodistas.
El gobierno de Alejandro Toledo, que heredó la CVR del gobierno de transición de Valentín Paniagua, no ha cumplido con las recomendaciones del Informe Final. Y en lo que va de su gobierno, se han producido severas violaciones a los derechos de los periodistas, incluidos los asesinatos de Antonio de la Torre Echandía y Alberto Rivera Fernández. En el caso del primero se detuvo a un alcalde provincial y tres presuntos secuaces, pero por el homicidio del segundo no se ha realizado detención alguna.
Permanecen impunes también la mayoría de los asesinatos de periodistas investigados por la CVR, a pesar de la información detallada, y la existencia de testigos. Los testigos del asesinato de ocho periodistas, que en 1982 investigaban acciones militares cerca de Uchuraccay, fueron desapareciendo, algunos asesinados. Y durante el conflicto, en el pauperizado departamento de Ayacucho, fueron asesinados 16 periodistas, entre ellos, Jaime Ayala Sulca (La República) y Hugo Bustíos Saavedra (Caretas). Ayala Sulca, hace 19 años, fue detenido y desaparecido por miembros de la Infantería de Marina. Y hace 15 años efectivos del Ejército emboscaron y acribillaron a Bustíos Saavedra.
En octubre del 2003, la Sociedad Interamericana de Prensa solicitó al Poder Judicial del Perú que se investigue y resuelva los crímenes de los periodistas mencionados en el informe de la CVR.
Los visitantes peruanos informaron al SPC y a la FeSP de la negativa del gobierno peruano a reparar a las víctimas o familiares, y apelaron a la solidaridad internacional para que los crimenes no queden impunes y las victimas o familiares de los que desaparecieron sean resarcidos. También informaron de su propuesta de un programa de cambio de la deuda externa que tiene el Perú con España, por reparación a las víctimas de la violencia.
