CiU lleva a cabo la contrarreforma de la CCMA con el partido que votó contra la Ley actual

Los intereses de fondo se han impuesto a conveniencias parlamentarias o electorales. Convergència i Unió sólo ha podido hacer pasar su proyecto de reforma de la CCMA y de otras leyes audiovisuales con el favor del Partido Popular, que votó contra la Ley de la Corporación en 2007 y que defiende en toda España posiciones mezquinas sobre los medios públicos de comunicación, cuando no favorables a su desaparición o a su debilitamiento, y que se opone a cualquier regulación de las cadenas privadas y a la constitución de la autoridad audiovisual estatal (el CEMA) prevista en la Ley Audiovisual española, que quiere reformar si gana las elecciones para permitir la privatización de las radiotelevisiones autonómicas. Toda una orientación política, a años luz de las normativas europeas sobre el audiovisual público como base para la democracia, a la que se acerca ahora CiU para llevar adelante una propuesta que, con el argumento de la austeridad, la agilidad y la eficacia, abre la vía a una reanudación del control gubernamental de los medios públicos de la Generalitat.

Y esto es así porque:

• a pesar de la letra de la ley, la discusión entre gobierno y oposición versa especialmente sobre las cuotas de cada partido en el Consejo de Gobierno, y no sobre personas con “méritos profesionales relevantes”, como dice la ley.

• la reducción de 12 a 5 miembros del Consejo no se hace en base a criterios de competencia y profesionalidad reconocidas, y para gestionar más eficazmente la Corporació, sino para asegurar la mayoría progubernamental.

• se dota al Presidente del Consejo de las competencias de los antiguos directores generales, nombrados por el gobierno, que ahora sólo necesitarán el apoyo de la mayoría progubernamental en el Consejo.

• se elimina la figura del Director General, evaluado en concurso público y que nombra el Consejo de Gobierno: ahora el ‘director gerente’ podrá ser designado directamente por el Presidente.

• abre la vía a que el Consejo apruebe en segundas o terceras votaciones, por mayoría absoluta, el contrato-programa y los presupuestos.

• se limita la representatividad social en el Consejo Asesor de contenidos y programación, reduciendo sus miembros, y acaba con su autonomía organizativa y de actuación, convirtiéndola como antiguamente en un apéndice del Consejo de Gobierno, que es quien lo convocará y le pedirá informes de encargo.

• se elimina en el Consejo Asesor la presencia preceptiva ahora de representantes de los trabajadores, que tampoco están presentes en el Consejo de Gobierno como sí lo son los sindicatos mayoritarios en el Consejo de Administración de RTVE. En su día los ponentes de la Ley de la CCMA se negaron porque el criterio para el Consejo de Gobierno era supuestamente elegir “profesionales de reconocido prestigio”, y esto no encajaba con cuotas sindicales o de representación de los trabajadores.

Por todo ello, el SPC no puede apoyar las modificaciones de la propuesta del Gobierno, y se opone a las cortinas de humo sobre el ahorro y la agilidad, que llevadas al límite pueden poner en cuestión la viabilidad de los medios públicos, como efectivamente está ocurriendo ya en lugares como Mallorca (RTV Mallorca) o Asturias (RTPA) y amenaza con que pase en varias radiotelevisiones autonómicas y locales en todo el Estado español, de la mano, casi siempre, del Partido Popular.

Barcelona, 6 de octubre de 2011

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