La Ley de la CCMA, un mandato parlamentario del año 2000 que tardó siete años en cumplirse, se elaboró bajo el signo del consenso, en ponencia conjunta, buscando el apoyo de todo el Parlament porque se trataba de un proyecto de país, de regular el servicio público de medios de la Generalitat y de garantizar su independencia respecto del Gobierno. El PP se descolgó al final, porque era contrario a que el catalán fuera el idioma institucional de la Corporación y a que el CAC evaluara los candidatos al Consell de Govern de la CCMA propuestos por el Parlamento, y votó en contra.

Durante la pasada campaña electoral, ni CiU ni el PP hicieron propuestas similares a las que ahora defienden conjuntamente respecto de la necesidad de reducir los miembros del Consell de Govern y de dotar de más poderes al Presidente del Consell (entre ellos nombrar y destituir directores de los medios), haciendo desaparecer el Director General y el concurso público para elegirlo, y reduciendo los componentes del Consell Assessor de Contenidos y Programación, además de eliminar la presencia de los representantes de los trabajadores en su seno, prevista en la Ley .

Si de ahorrar se trata, reducir el número de consejeros de 12 a 5 no es la única opción: se les puede también rebajar el sueldo sustancialmente, o eliminar la plena dedicación.

En cuanto a la pérdida de “representatividad” que tanto preocupa a los partidos, sólo sería aceptable la propuesta del Govern si cambiara los criterios de elección de los consejeros, de manera que no respondan en primer lugar a la afinidad política o ideológica, sino a los términos marcados en la ley de capacidad y experiencia profesional. Pero es dudoso que este sea el caso, y no la voluntad de controlar por una mayoría de 3 un órgano de 5. O bien de 4 en uno de 7.

Respecto del Consell Aslelsor, su reducción con argumentos económicos no deja de ser el chocolate del loro, si atendemos a que sólo cobran dietas por cada reunión mensual. Y en cambio este organismo, previsto en todas las legislaciones audiovisuales públicas e insuficientemente potenciado, sí debe responder a criterios de representatividad social y del sector, para enriquecer y aportar el punto de vista de la ciudadanía. Por lo que su reducción, no argumentada, también se puede ver como un intento de limitar la contribución de la sociedad para mejorar los contenidos de la radiotelevisión pública.

Por todo ello, desde el SPC llamamos al Govern a replantear el fondo y la forma de su propuesta, porque no sólo no mejora la actual legislación, sino que como no se hará por consenso será fuente de nuevos conflictos políticos, siempre dentro de la lógica de los partidos de apropiarse en exclusiva o de repartirse el control de los medios de la CCMA, que como medios públicos que financia toda la ciudadanía, hay que repetir que no tienen que obedecer ni al gobierno ni a la oposición, sino exclusivamente al derecho a la información de la sociedad.

Reclamamos de los representantes parlamentarios que no hagan marcha atrás en el proceso abierto con el debate audiovisual de 1999, que abrió una vía de avance hacia la independencia de los medios públicos que no puede ser defraudada por intereses partidistas de corto vuelo, porque no harían más que desprestigiar unos medios de comunicación que son básicos para la conformación de la opinión pública y por tanto para la consolidación de la democracia.

Barcelona, 3 de octubre de 2011

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