La independencia de los periodistas es la garantía del derecho constitucional a la información

Después de admitirse a trámite la proposición de Ley del Estatuto del Periodista Profesional (EPP) presentada por IU-IC y tras la comparecencia en la Comisión Constitucional de periodistas, expertos y representantes de algunas organizaciones sindicales y profesionales -aún faltan por comparecer las agrupaciones de periodistas de UGT y CCOO y los colegios profesionales de Catalunya y Galicia-, la proposición de Ley de EPP no avanza en los plazos comprometidos. Han transcurrido casi 22 meses desde su toma en consideración, y un año desde que compareciera en la Comisión constitucional el primero de los 13 ponentes que hasta la fecha han pasado por dicha comisión.

El Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) considera que la aprobación del EPP no puede demorarse más allá de esta legislatura. Conocidas algunas de las críticas -con frecuencia a textos imaginarios- que han difundido ciertas organizaciones y grupos editoriales, es el momento de abandonar la ficción y compartir, discrepar o enmendar el contenido real de la proposición. Se trata, como tantas veces hemos repetido las distintas organizaciones del Foro, de regular derechos, no de poner coto a la “libertad de información”. Y cuando se regulan derechos, en este caso de los periodistas, orientados a dignificar el ejercicio de la información que más tarde leen, ven o escuchan los ciudadanos, pueden entenderse las resistencias expresadas por los grupos editoriales, resistencias que habrá que abordarlas en el debate social y parlamentario. “Más difíciles de asumir son las descalificaciones producidas por alguna organización profesional con dilatada influencia institucional y simbólica presencia en cada uno de los medios de comunicación”, precisa el Foro.

Frente al ruido producido por algunos adjetivos (bolchevique, estalinista, franquista, gremialista), es hora de debatir sobre el reconocimiento de unos derechos específicos de los informadores que en nada interfiere el derecho de cualquier ciudadano a expresarse, opinar o informar. El Estatuto parte del convencimiento de que la independencia de los periodistas es la mejor garantía para el derecho público a ser informado, y por eso desarrolla un conjunto de facultades que afirman esa independencia frente al poder político y busca un equilibrio con la propia independencia editorial de las empresas informativas. Un Estatuto del periodista profesional, de los derechos y los deberes, que habla del director, de los consejos de redacción, de los consejos de la información, y que incorpora un anexo de código deontológico y una propuesta de Ley de Derechos Laborales de los Periodistas. Este es el debate.

14 de septiembre de 2006

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