Original publicado en Diagonal

Hace ya siete años que el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) redactó y aprobó el Estatuto del Periodista Profesional (EPP), un compromiso electoral del actual Gobierno que lleva ya más de media legislatura en espera de ser debatido y aprobado en el Parlamento. Aquella propuesta surgió en la Convención de Valladolid de 2000, en la que participaron los sindicatos de periodistas -coordinados por la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)-, las agrupaciones de comunicación de los sindicatos UGT y CC OO y, aunque parece mentira al recordarlo hoy, también la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), organización que desde el acceso de Fernando González Urbaneja a su presidencia se ha convertido en la principal detractora de los planteamientos del Estatuto y en indudable catalizadora de los intereses empresariales que presionan en contra de su promulgación. En la punta del ariete encontramos la defensa de la libertad de expresión, en la que una vez más vuelve a confundirse la libertad de prensa con la de empresa.

Sin embargo, tal rechazo sólo puede explicarse con la lógica del poder, pues el Estatuto no es más que un dispositivo legal para la defensa laboral y profesional de los periodistas frente a las empresas para las que trabajan, un instrumento jurídico básico para defender, precisamente, la libertad de expresión, que está presente desde hace años en muchos países europeos y americanos. En cualquier momento se podría activar el debate parlamentario para la promulgación de este Estatuto con rango de ley, una norma que vendría a regular la situación profesional y laboral de los ‘periodistas a la pieza’, esto es, aquellos que sin tener relación contractual con los medios para los que trabajan, mantienen un vínculo continuado mediante el encargo de la elaboración de material informativo.

Este tipo de colaboradores se distingue de los freelance en cuanto que éstos obtienen y elaboran información de actualidad por iniciativa propia, ofreciendo el producto resultante para su difusión a una o varias empresas. El Estatuto del Periodista también ofrece a los trabajadores la potestad de formar comités de redacción para la participación de los periodistas en la orientación editorial de los medios, así como ejercer su representación profesional y mediar entre las empresas y los periodistas en todo aquello que afecte a los derechos de los profesionales. Los mecanismos que contiene este proyecto de ley son sin duda discutibles y mejorables, pero las enmiendas a la totalidad no parecen tener argumentos suficientes para sostenerse. De hecho, son sólo dos los puntos débiles de este Estatuto. El más polémico es, sin duda, el de la expedición del carné profesional, elemento ciertamente poco y mal explicado en la propuesta presentada que induce a pensar en un control abusivo por parte de la Administración.

No obstante, parece necesario un sistema que permita la identificación de los titulares de los derechos que recoge el Estatuto. Además, no hay que olvidar que el emisor de tal carné sería el Consejo Estatal de la Información, organismo de carácter público e independiente con la función de promover la libertad de expresión e información, el derecho del público a recibir información veraz y los derechos profesionales. El Consejo operaría con la misma autonomía administrativa con la que se proponen los consejos audiovisuales de la futura ley creadora de estos organismos. No en vano, ambos modelos de consejo son insistentemente rechazados por los detractores de regular el panorama informativo de nuestro país, lo que constituye el segundo frente contra la aprobación del proyecto de ley.

La oposición al Estatuto se basa en la imposición de los intereses más neoliberales y conservadores que representa el presidente de la FAPE desde su privilegiada posición de visibilidad e influencia mediáticas. Si a González Urbaneja le parece un proyecto «disparatado, estatalizante e intervencionista» por considerar una amenaza censora la creación del Consejo Estatal de la Información y su «arbitraria» expedición de los carnés profesionales al estilo «franquista», su propuesta alternativa puja por la autorregulación, lo que convierte al periodista en único responsable de la información difundida con su firma.

Hasta aquí todo parece cobrar un sentido clásico: patrones y asalariados pugnan por la fórmula que más les conviene a unos y otros en la gestión de los recursos humanos de la industria informativa; esto es, autorregulación frente a reconocimiento y defensa regulada de los derechos profesionales de los trabajadores. Sin embargo, aparecen en la batalla otras voces encendidamente contrarias al Estatuto desde ámbitos nuevos y aparentemente indiferentes al debate, como es el de la blogosfera. Curiosamente, algunos blogueros y activistas contrainformativos se sienten amenazados por entender que el Estatuto les deslegitima como comunicadores frente a los profesionales. Creen que la regulación va en su contra porque les pone barreras a su actividad libre y ciudadana. El Estatuto quizá podría aclarar mejor estos aspectos, pero posiblemente no todo el Estatuto sea un atentando contra la libertad de expresión, tal como plantean Juan Varela o David de Ugarte, entre otros. Frente a la intensa oposición de unos y otros, el individualismo mayoritario de los propios periodistas sigue siendo el gran obstáculo para dignificar la profesión.

El peor enemigo de la FeSP es la propia profesión: la casi nula implicación de sus mayores interesados, en este caso, los trabajadores que, en condiciones de trabajo tremendamente precarias y sobrecargadas, prefieren en demasiadas ocasiones consentir su explotación con el silencio, o que simplemente, ni siquiera saben del Estatuto o incluso del sindicato. Sabido es que el profesionalismo genera individualismo y que los periodistas suelen olvidar que su trabajo es más proletario que intelectual. Su confundida conciencia de clase les lleva en la mayoría de los casos a reforzar con silencio, miedo y conformismo los intereses más explotadores del capitalismo. Su precariedad consentida sostiene los discursos manipuladores y vacíos que impiden una toma de conciencia justa, serena y responsable de los verdaderos problemas de nuestra sociedad, incluido, por supuesto, el problema de la desinformación, valga la tautología. Romper el bucle es responsabilidad de todos los ciudadanos, los titulares del derecho fundamental a la información veraz y plural que recoge el artículo 20 de nuestra Constitución.

* Afiliado al SPM y profesor de Periodismo de la Universidad Rey Juan Carlos

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