La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha aprobado una recomendación a sus 47 Estados miembros para que la radiodifusión pública diversifique sus servicios y garantice su financiación.
La recomendación propone el canon audiovisual, una tasa, ingresos publicitarios o subvenciones públicas; además de promover otros ingresos provenientes de recursos como el padrinazgo, los abonos, los servicios especializados a la demanda y la venta de productos como libros, vídeos y películas.
Asimismo la recomendación del Consejo de Europa alerta contra toda «injerencia política y económica» y recuerda que se debe garantizar su «objetividad, equidad e independencia editorial» y ser «fuente pública de informaciones imparciales y de opiniones políticas diversas».
La recomendación recuerda los «objetivos no comerciales» de la radiodifusión pública, tales como el progreso social, la sensibilización del público a los procesos democráticos, la comprensión intercultural y la integración social.
No se sabe que impacto tendrá esto en las actuales decisiones del gobierno español sobre los medios audiovisuales; de momento, la recomendación del mismo Consejo que desde 1992 recomienda medidas reguladoras de la profesión periodística como garantía del derecho a la información no ha producido efecto alguno en los distintos gobiernos de España.
La decisión de recomendación está basada en el informe «La financiación de la radiodifusión de servicio público» elaborado por el finlandés Markku Laukkanen, para quien es evidente que el público «acepta cada vez menos» la financiación de la radiodifusión de carácter público.
