En relación a las últimas actuaciones de los periodistas de El programa de Ana Rosa, de Telecinco, el Consejo de la Información de Cataluña (IC) considera urgente la creación de un organismo regulador estatal que examine y tome las resoluciones más adecuadas sobre la actuación de algunos canales de televisión sujetas a concesión dentro del espacio audiovisual. Hay que determinar si se ajustan al principio de servicio público y a las normativas estatales y europeas en materia televisiva y actuar en consecuencia.

El Gobierno central y el primer partido de la oposición deberían ponerse de acuerdo inmediatamente para desarrollar la Ley General de la Comunicación, concretamente el Título V, que habla del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, un organismo que debería contar con la mayoría de tres quintas partes en el Congreso.

Es necesario este organismo regulador para proteger a la ciudadanía ante algunos programas, como la edición del 25 de febrero, de El programa de Ana Rosa, con la entrevista hecha a Isabel García, esposa de Santiago del Valle, presunto asesino de la niña Mari Luz. No sólo se vulneró la ética periodística, sino también los derechos humanos y la dignidad de la entrevistada.

No se puede pretender convertir un reality show en un producto periodístico y hacer ver que lo es (la conductora proclamó triunfalmente como “la exclusiva que todo periodista hubiera querido dar”), sin que esta subversión de los valores y principios del periodismo, tenga una respuesta contundente.

El Consejo de la Información de Cataluña observa con creciente preocupación la proliferación abusiva de espacios televisivos que van más allá de las funciones y tareas de los periodistas. Por lo tanto, propone: primero, la creación de una comisión formada por representantes de la profesión periodística de todo el estado que estudie y tome decisiones sobre este problema, segundo, la presente situación reclama la creación de una comisión parlamentaria ad hoc con el mandato de informar sobre esta cuestión y hacer un dictamen dirigido al Gobierno del Estado que sirva para impulsar definitivamente la creación de un marco regulatorio independiente y eficaz en defensa del derecho a la información.

Toda iniciativa deberá redundar, necesariamente, en beneficio de la libertad y la dignidad de las personas como valor prioritario de toda sociedad democrática.

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