Según la Ley de 2006, artículos 11 y 17, el Presidente de la Corporación RTVE ha de ser designado de entre los doce miembros del Consejo de Administración, por una mayoría de dos tercios del Congreso de los Diputados, y el Consejo de Administración ha de ratificar el nombramiento. Por lo tanto, una vez más no se han respetado los criterios previstos por la Ley.

Una vez más, amparándose en la necesidad de garantizar los votos de dos tercios de la cámara, se hurta al Parlamento el debate sobre la idoneidad del candidato y se da por hecha su elección, por la vía de la disciplina de partido. El consenso, además de puramente politicista, y poco atento a las calidades profesionales de la persona propuesta, es abiertamente bipartidista, ajeno al resto de grupos parlamentarios y en sintonía con los últimos años de RTVE, enfocado exclusivamente hacia la gestión empresarial de la Corporación y olvidando que los vertiginosos cambios tecnológicos reclaman audacia y capacidad de previsión ante los retos planteados en el audiovisual público.

Esta visión economicista está lamentablemente a la orden del día desde el lamentable plan de la SEPI que disolvió en Ente Público hasta las medidas más recientes sobre financiación de la actual Corporación. RTVE está siendo abandonada a la suerte del mercado y, decisión tras decisión, sus profesionales sufren una desmoralización tras otra. Otra vez inestabilidad en la máxima dirección ejecutiva de la radiotelevisión pública estatal, y otra vez cambios en cadena sin un horizonte claro, profesional y social.

Por último, resulta chocante a ojos de la plantilla que se nombre como Presidente una persona de 81 años, de la que se elogia la experiencia, cuando hace menos de tres años entró en vigor la masiva y fulminante regulación de empleo (4.150 despedidos) que se basó sobre todo en motivos de edad por deshacerse de los empleados de más de 52 años, dilapidando -entre otras aptitudes- la experiencia de toda una generación de profesionales.

Por la forma y por el fondo, este nombramiento pactado entre los dos partidos estatales mayoritarios no augura ser la mejor noticia para el relanzamiento de RTVE, considerando además las dudas razonables sobre su estabilidad financiera, a partir de la renuncia a la emisión de publicidad, decretada contra la propia Ley de RTVE y que la futura Ley General de Comunicación Audiovisual amenaza con consagrar.

Barcelona, 11 de noviembre de 2009

Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació