Ante los incidentes registrados el 15 de junio en el Parlament de Catalunya, la Junta Ejecutiva del Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació quiere hacer el siguiente pronunciamiento:
1) Rechazamos todos los actos violentos perpetrados por sectores de manifestantes contra diputados del Parlament, de los que el movimiento del 15-M se ha desvinculado, según ya han denunciado en varios comunicados.
2) En particular queremos mostrar nuestro más enérgico rechazo nuevamente a las coacciones y agresiones a algunos informadores y a sus herramientas de trabajo por parte de ciertos manifestantes, hechos que suponen un intolerable atentado al derecho a la información de la ciudadanía. El SPC muestra su apoyo y solidaridad hacia todos los profesionales de la información que no pudieron desarrollar su tarea con normalidad.
3) Los medios pueden ser criticados por su línea editorial, por sus informaciones o por sus opiniones. Esta crítica, pero, en ningún caso puede traducirse en un boicot a la tarea profesional de los informadores, que no son ni los que han fijado los fundamentos ideológicos de las empresas de comunicación para las que trabajan ni tampoco son los que deciden las posibles tergiversaciones informativas que se publican o se emiten. Todo lo contrario, la falta de regulación del sector es una de las razones que impiden a los profesionales luchar contra las informaciones que no respetan ni la veracidad, ni la pluralidad, ni son completas o de relevancia pública.
4) Recordamos al cuerpo de los Mossos d’Esquadra que el uso de elementos identificativos por parte de los informadores no debe servir para limitar su libre movimiento ni su retención en puntos alejados de los lugares de los hechos.
5) También recordamos la obligación de los agentes de la policía catalana de ir debidamente identificados con su placa en un lugar visible.
6) Nos preocupa que estos incidentes puedan difuminar el debate público sobre los recortes presupuestarios, que tienen una importante trascendencia social y que afectan al estado del bienestar por el cual los trabajadores de este país estamos luchando desde hace décadas.
Barcelona, 17 de junio de 2011