Multa de 500.000 euros a la Asamblea de Comunicación Social

La semana pasada los grupos parlamentarios del Parlament de Catalunya manifestaban que había que regular el llamado «tercer sector» de la comunicación (ni público ni comercial) para evitar tener que aplicar sanciones a las emisoras de este sector por el hecho de ser «alegales». Las manifestaciones se hicieron en el curso de la comparecencia de diferentes organizaciones en la ponencia conjunta para la reforma de varias leyes audiovisuales.

La semana anterior, el Pleno del Parlament aprobó algunos puntos de una moción de la CUP, entre ellos «hacer efectivo el mandato de la ley de Comunicación Audiovisual de Catalunya que atribuye a los poderes públicos la responsabilidad de fomentar iniciativas orientadas al desarrollo de la actividad audiovisual sin ánimo de lucro». Y también «impulsar iniciativas orientadas a la constitución de asociaciones de las entidades que desarrollan una actividad audiovisual sin ánimo de lucro».

Pues bien, en vez de ello y en una línea bien opuesta, la DGM de la Generalitat ha dirigido una comunicación a la Asamblea de Comunicación Social, que gestiona la televisión ‘La Tele’, donde le aplica una sanción de 500.000 euros y la obliga a cesar en las emisiones y precintar los equipos, por supuestamente haber vulnerado la LGCA de Cataluña por el hecho de emitir sin tener título habilitado para hacerlo.

Ya sabemos de la autonomía del ejecutivo en relación al legislativo, pero este tema se arrastra desde hace años, y la legislación catalana, siempre pionera en temas de regulación audiovisual, ahora va por detrás de la estatal, donde la Ley General de Comunicación Audiovisual reconoce al menos la existencia de estas emisoras que son garantía de participación ciudadana en unos tiempos en que esta exigencia es reconocida incluso desde ámbitos institucionales.

Por eso reclamamos de la Generalitat que retire esta medida y se aplique, junto con todas las fuerzas políticas, a aprovechar la reforma de las leyes audiovisuales, para hacer legal lo que es real, que es la voluntad de sectores de la ciudadanía de hacer efectivo el derecho constitucional a la información ya la comunicación reconocido en el artículo 20.

Desde el SPC apoyamos a los compañeros de la Asamblea de Comunicación Social y de ‘La Tele’ y los alentamos a resistir estas medidas represivas y anacrónicas, y preservar así el derecho a la información de la ciudadanía en el siglo XXI.

8 de julio de 2014