Comparecencia del presidente del Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC), Ramon Espuny, en la comisión de asuntos institucionales. Desgubernamentalizar es recuperar el consenso de 2007

Gracias por haber invitado al sindicato a esta comparecencia. Agradecemos también la invitación a los representantes laborales y profesionales de los trabajadores de la CCMA. Expresamos igualmente nuestra satisfacción por la forma de ponencia conjunta, ya que el CAC y la CCMA deben ser temas de país y de consenso.

Quisiéramos hacer una previa antes de las propuestas sobre puntos específicos. Ayer se dijo en algún momento que se dedicaba mucho tiempo al tema de la gobernabilidad del CAC y de la Corporación. Pero hay dos motivos para que nosotros le demos preferencia: primero, porque los mismos proyectos, el del Gobierno y el de ICV-EUiA, empiezan por ahí, y coinciden en la necesidad de desgubernamentalizar estos organismos. Es una ironía, sin embargo, que el ámbito desde donde ahora se propone la desgubernamentalización sea el mismo que hace dos años rompió el consenso de 2007, logrado después de siete años, desde el mandato del debate del Audiovisual de 1999 .

Segundo, porque como sindicato profesional debemos decir que esta cuestión no es inocua: los efectos de la regubernamentaltzación han estado en la CCMA de un primer ERE que rompía el modelo de las empresas de la Corporación, y que afectaba directamente a los contenidos y era una escabechina en las redacciones de TV3 y CR. Y por otro lado, ha supuesto el regreso al verticalismo en la cadena de mando, desde el Presidente del Consejo hasta los jefes de sección de Informativos.

Esto no quiere decir que no hayamos sufrido los efectos de la partitocracia, fruto de la vulneración del espíritu y la letra de la ley de 2007, y que hemos sido los primeros en criticar. Y que se manifestaba por ejemplo en una especie de lottitzazzione en que, en efectos cremallera, se repartían entre partidos los cargos de Presidente, director general, directores de TV3 y CR, directores de los respectivos servicios informativos, etc.

Pero estar decepcionados de ello, de haber pasado de la monarquía absoluta a la república partitocrática, no quiere decir que ahora, para tratar de conseguir una gobernanza ideal, o lo sublime, nos quedamos como estamos.

• Según el proyecto de ley del Gobierno, éste quiere «la plena desgubernamentalización» de los medios de comunicación públicos, «reforzar la plena autonomía de la CCMA respecto del poder ejecutivo, para garantizar su independencia, neutralidad y objetividad, impulsando un proceso de desgubernamentalización que debe hacer posible que los medios de la Corporación mantengan su perfil de garantes del pluralismo político y social «.

También quiere, pero «preservar el carácter ejecutivo de la presidencia del CAC y de la CCMA, para agilizar el funcionamiento de las dos instituciones» (…) «concentrando en este órgano la gestión ordinaria de la respectiva institución, y manteniendo a la vez las funciones de los órganos colegiados en aquellos supuestos en que su intervención es preceptiva «.

• En cuanto a la proposición de ley de ICV, dice que su objetivo es «volver a introducir en los órganos de gobierno de los medios audiovisuales públicos la necesidad de conseguir mayorías cualificadas en la toma de grandes decisiones (elección, de órganos de gobierno, contrato programa, presupuestos …) y el pluralismo como garantía de un sistema audiovisual catalán de calidad y reflejo de la sociedad «.

También manifiesta que para garantizar el pluralismo y la independencia «es necesario que tanto en la CCMA como el CAC estén presentes todas las sensibilidades existentes en nuestra sociedad, y que se garantice que los organismos rectores de los MM.PP. estén integrados por expertos y gestores que respondan a un perfil profesional con un régimen riguroso de incompatibilidades «. Todo para «retornar al consenso mayoritario que en esta materia había existido anteriormente en Cataluña»

• El SPC cree que la desgubernamentalización que parece ser un objetivo común no se alcanza eliminando el artículo 3.2 que «la Corporación queda formalmente adscrita a la Administración de la Generalidad mediante el departamento competente en materia audiovisual». Porque no es por esta adscripción formal por el que se garantiza o se impide la independencia de la CCMA del Ejecutivo.

La independencia de la Corporación debe garantizar, sin ser condición suficiente pero sí necesaria, un compromiso de todos los grupos políticos para hacer un tema de país, y por tanto para buscar el máximo consenso en base a los criterios «de independencia, neutralidad y objetividad «, que pasan por mecanismos de designación de los órganos rectores y de toma de decisiones que se basen en la capacitación profesional y en las mayorías cualificadas, y no exclusivamente en la mayoría de gobierno o de éste y los grupos que le den apoyo.

Esta ha sido la posición tradicional del SPC, los colectivos profesionales y sindicales, del mundo académico de la comunicación y del derecho constitucional. Y todo el mundo sabe cómo esta orientación, que se empezó a abrir paso en 1999, con el pleno monográfico sobre el Audiovisual, y que no se concretó hasta 2007, con la ley de la CCMA, se truncó en 2012 con la contrarreforma votada por CiU y el PP, paralela a la involución de la ley de RTVE, que también era heredera del pensamiento mayoritario de los colectivos implicados y de la doctrina de democratización de los medios públicos surgida en Cataluña desde finales del siglo pasado .

• En cuanto a la dedicación de los miembros del Consejo de Gobierno de la CCMA y del CAC, retirarles la dedicación exclusiva de forma genérica, reservándose ésta sólo para el presidente y para quien designe la mayoría del Consejo, sólo puede llevar a un reforzamiento del presidencialismo en este organismo, que se consolida con la adjudicación de «la condición de alto cargo de relieve institucional», y que está viciado de origen por el hecho de poder ser elegido por mayoría absoluta en caso de no alcanzar los 2 / 3 del pleno del Parlamento. Además, supondría que hubiera dos tipos de consejeros, de dos velocidades, y abriría la puerta a compatibilidades con intereses privados del mismo sector.

Por todo ello, desde el SPC propondremos enmiendas a los dos textos que vayan en el sentido descrito más arriba, sin hacer cuestión de aspectos anecdóticos, como el número concreto de miembros tanto del CAC como del Consejo de Gobierno de la CCMA. Ya que nuestro criterio es que debe primar sobre todo lo que se prevé en las leyes y se vulnera en la práctica, cuando se proponen candidatos que responden ante todo a la afinidad ideológica con cada grupo parlamentario.

Por ello puede ser positivo que, además de volver a las mayorías cualificadas de 2/3, que obligan al consenso a la hora de la elección de miembros de los organismos rectores, las propuestas de candidatos requieran al menos el acuerdo de tres grupos parlamentarios, y que en el caso de los consejeros sean evaluados por el CAC, eso sí, de manera que éste pueda elegir entre diferentes candidatos, y no tener que dar el visto bueno a todos los propuestos por el hecho de ser el mismo número de cargos a cubrir. Igualmente puede ser positivo, en el caso del CAC, el examen público o hearing de los candidatos en el Parlament.

En cuanto al Consejo Asesor de la CCMA, debería volver a ser expresión genuina de la pluralidad social, y órgano con representación directa de los trabajadores, y debería gozar de independencia orgánica y en su funcionamiento, para canalizar realmente la opinión social sobre los contenidos de la Corporación, y no un mero apéndice dirigido desde el Consejo de Gobierno

En relación a las modificaciones propuestas a la ley del CAC, seríamos contrarios a las referidas al alargamiento a 15 años de las licencias para prestar servicios audiovisuales (en la presentación de motivos sólo se argumenta que se quiere adecuar a la normativa española) , y también a la previsión de la prórroga automática. Es decir, seríamos favorables al mantenimiento del redactado actual.

• Por último, y en relación a la Ley de Comunicación Audiovisual, debería recoger como mínimo lo previsto para los medios comunitarios o del «tercer sector» (ni comercial ni público) en la Ley General de Comunicación de ámbito estatal. Dados los últimos datos políticas de creciente desafección de la ciudadanía respecto de las instituciones y de la política, y ante la voluntad de nuevas formas de participación política y social, no reconocer el papel complementario de estos medios y su capacidad de vertebración de amplios sectores sociales sería cerrar los ojos a la realidad. Por ello, y en la línea de legislaciones de otros países, este «tercer sector» debería poder disponer de las frecuencias de un tercio del espectro radioeléctrico.

Barcelona, ​​3 de julio de 2014