El Sindicat de Periodistws de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) manifiesta el pleno apoyo a los trabajadores y trabajadoras de Canal 9 y de la RTVV ante la brutal agresión contra la plantilla, la viabilidad de la empresa y el conjunto de la sociedad valenciana que representa la presentación de un ERE como el conocido hoy, que puede afectar cerca de 1.300 trabajadores y el grueso de la programación de servicio público, que incluye también la normalización de la lengua.

Tras años de frustrados intentos de privatización, tumbados por sentencias judiciales amparadas con la ley de la RTVV, el PP, el gran aliado en Catalunya de las reformas de CIU a las leyes audiovisuales, y la mayoría absoluta de un partido salpicados con muchos casos de corrupción ha permitido el cambio de la ley a su medida que ahora debe permitir desconstruir el modelo de servicio público de la RTVV y que constituirá un precedente de cara al conjunto de las radiotelevisiones autonómicas.

La medida obedece en primer lugar a razones económicas, puesto que el PP defiende los intereses de la patronal de la televisión privada, que anhela quedarse con la publicidad de las autonómicas y ha actuado como lobby, con gran éxito por cierto, desde la elaboración de la Ley General de la Comunicación Audiovisual impulsada por el gobierno del PSOE y ahora también modificada para dar cobertura legal a las intenciones largamente anunciadas por el PP de poner fin al modelo de servicio público de proximidad y de cohesión social de las emisoras de la FORTA.

Desde Catalunya nos solidarizamos con los profesionales de toda la RTVV y alertamos una vez más de los graves peligros de la alianza de hierro entre CIU y PP en todos los temas del ámbito audiovisual, que pese a todas las declaraciones retóricas sobre la CCMA constituye una amenaza al mantenimiento de los medios públicos de la Generalitat, que ya tiene un primer aviso local en el desmantelamiento del modelo de COM Radio, la XAL [la red de televisiones locales públicas] y La Malla, que también significa reducción de plantillas y despidos de personal.

Barcelona, 16 de julio de 2012.