El retraso injustificable, un año después de las elecciones catalanas, en la elaboración de la Ley del Audiovisual de Catalunya y en la reforma de la Ley de la CCRTV, para garantizar la independencia, la neutralidad y la profesionalidad de los medios audiovisuales, empezando por los públicos, está teniendo efectos perversos no sólo en la gestión de las empresas de la Corporación, sino que amenaza también con enquistar o pudrir situaciones en otros medios como las radiotelevisiones locales, objeto también del deseo de las mayorías de turno en los ayuntamientos y en otras corporaciones.
Este es el caso de la sociedad La Farga de l’Hospitalet de Llobregat, que engloba la radio y la televisión municipales, Diari de l’Hospitalet y Canal-h.net (Internet). Los cambios recientes en la dirección de los medios se han hecho sin el consenso con el resto de las fuezas políticas y sin esperar la aprobación del reglamento acordado hace unos meses, que debe velar por la actuación independiente de estos medios. Por otro lado, se ha nombrado un consejero delegado de los medios de comunicación que, entre sus funciones, tiene la de “regular, controlar y modificar los contenidos”. Estos hechos ponen en evidencia el poco reflejo que tienen en la gestión y control de estos medios municipales los criterios generales defendidos en propuestas de ley por los socialistas españoles y catalanes, referidas a RTVE y a la CCRTV.
Es cierto que aún no hay una Ley catalana del Audiovisual, ni tampoco una de española, que deberían racionalizar el panorama audiovisual y establecer los criterios de independencia del poder político por parte de los medios públicos. Pero también lo es que una fuerza política no puede entrar en contradicción y defender propuestas distintas según si está en el gobierno o en la oposición (esto ya sucedía antes), pero menos aún cuando gobierna en todas las administraciones y no puede acudir ya a la «teoría de la compensación» -Pasqual Maragall dixit- para justificar el totalmente injustificable control directo de medios que deben ser de todos (es decir “públicos”).
Por esto reclamamos, también para los medios públicos municipales, un modelo de gestión y control inspirado en las propuestas de reforma democrática que el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió a impulsar si ganaba las elecciones, y que van en la línea de las que el PSOE y el PSC defendieron en la oposición y en sus compromisos electorales. En caso contrario, poca credibilidad tendrán sus promesas sobre las radiotelevisiones española y catalana, y se pondrá en peligro, una vez más, su necesaria regeneración, por desgubernamentalizarlas y hacer que sean realmente un servicio público.
Barcelona, 12 de diciembre de 2004