Cada día que pasa confirma las razones de las críticas a los cambios de última hora en la Ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, aprobada por el Parlament.Al criterio de reparto de sillas en el Consejo de Gobierno en función de la representación parlamentaria y del equilibre político, y a la elección de personas muy connotadas política o ideológicamente, cuando la Ley define un modelo que debería alejar los órganos de dirección de la CCMA de la influencia no sólo del Gobierno, sino también de los partidos.
Cada vez es más claro que deberemos lamentar durante años que las presiones de los sectores políticos poco convencidos del nuevo modelo, y atrincherados en la lógica de los medios de comunicación públicos como campo de batalla partidista, hayan adulterado la nueva Ley hasta el punto de provocar la inoperatividad para elegir a un director general, porque se quiere hacer con criterios de pacto político, que incluyen presiones, maniobras y chantajes.
En todo caso, tanto el retraso en el desarrollo de la Ley, que paraliza los planes de futuro en las empresas de la Corporación, como una solución basada sólo en negociaciones políticas, confirman que se desaprovecha la gran oportunidad que ha significado la nueva Ley, y que efectivamente no ha habido correspondencia entre las elogiables intenciones proclamadas en sede parlamentaria y la cruda realidad de los intereses partidistas más estrictos.
Es esta falta de correspondencia la que merecería que se visualizara en el Parlament, caso que continue el bloqueo en el Consejo de Gobierno para elegir al director general de la CCMA. Los trabajadores de las empresas filiales y la ciudadanía no merecen el espectáculo de las últimas semanas y si el órgano emanado del Parlamento no puede cumplir sus funciones, es a esta institución a quien corresponde acabar con el impase, reformando la Ley para desbloquear su aplicación.
Barcelona, 11 de abril de 2008
