El cambio en el Gobierno español ofrecía unas condiciones inmejorables para que la enquistada batalla partidista por el control de los medios públicos pudiera desbloquearse, al desaparecer el argumento que llevaba cada gobierno -central, autonómico o local- a apropiarse de su radiotelevisión para compensar las que controlaba el antagonista. Sobre todo porqué el PSOE, como los partidos del Gobierno catalán, se comprometió a “terminar con la televisión de partido”.

Es cierto que, igual que en Catalunya, las leyes que deben blindar la independencia de estos medios aún no estaban vigentes, pero se podía pedir coherencia a los nuevos gobernantes para que hicieran los nombramientos de cargos directivos con los mismos criterios que dicen que defenderán en la reforma de la legislación. Coherencia extensible a los medios dependientes de administraciones que ya controlaban y a los que ya no pueden aplicar el argumento de la compensación.

La realidad es que si en el conjunto de RTVE ha habido nombramientos de gente de la empresa bien aceptados, y de otros que sólo pueden ser considerados un mal menor en relación al pasado reciente (igual que en EFE), no se ha aplicado el criterio del consenso previsto en las futuras leyes. Tampoco ha sido así en TVE-Sant Cugat, mientras que la sorpresa es la continuidad de las direcciones de RNE y EFE en Catalunya, que hacen méritos para demostrar su eficacia en servir señores distintos, pero que contradice la voluntad de cambio de los profesionales que las han sufrido y los criterios de independencia defendidos por ZP. Y mientras, en los consejos de administración, se continúa la tradición de nombrar jefes de prensa, de organización o políticos en paro, vulnerando incluso las leyes actuales.

En los medios locales grandes (BTV, COM Ràdio, La Farga de l’Hospitalet…), como que aún no se avanza hacia la despartidización del modelo global, nadie tiene prisa para desarmarse de manera unilateral. Así, asistimos al espectáculo de ver a los campeones del gubernamentalismo en los medios reclamando lo contrario ahora que no gobiernan; y al revés, los partidarios del cambio en el ámbito general, mantienen el modelo dirigista en el suyo particular, esperando no se sabe qué para cambiarlo.

En lo que se refiere a la CCRTV, que fue punta de lanza en el debate sobre el nuevo modelo independiente de medios públicos, ahora se sabe que la ponencia parlamentaria deja para el final su reforma, después de la del CAC y de la general del Audiovisual (de ámbito y objetivos más ambiciosos) de manera que, así, se puede ir retrasándola años y años. Esto, mientras se mantiene un consejo de administración partidizado (como penosamente demostró la votación sobre el canal 3/24) que hipoteca la gestión de las empresas de la Corporació, igual que el aplazamiento de la nueva Ley impide blindar los avances conseguidos en la vía de la independencia y el pluralismo.

Ante este panorama, que puede ir deteriorándose si la “comisión de sabios” que estudia un nuevo modelo para RTVE no avanza rápido, y si el Parlament de Catalunya no aborda en primer lugar el problema más urgente (la CCRTV), hará falta que los profesionales refresquemos la memoria de los compromisos electorales y que exigimos:

– Que los nombramientos de directivos de los medios públicos (como por ejemplo, ahora en BTV) se hagan en sintonía con los criterios de independencia, neutralidad y competencia profesional defendidos por el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, por el PSOE y por el Gobierno catalán.

– Que la elección de miembros de los consejos de administració (ahora para sustituir a Enric Marín en el de la CCRTV) no se haga en base a cuotas de partido, sino por su capacitación y preparación. Y que los consejos actúen como tales y no como trincheras partidistas y comisiones de control duplicadas.

– Que se acabe con la titularidad simultánea en dos consejos de administración, como sucede en el caso de un consejero por CiU en los de RTVE y de la CCRTV, cargos que deberían ser plenamente incompatibles.

– Que se aprueben ya y sin excusas estatutos de redacción y comités profesionales en medios como RTVE, COM Ràdio o La Farga, para garantizar la posibilidad de los profesionales de negarse a elaborar información manipulada.

– Que se aborde con rapidez y coherencia, en este momento propicio, la reforma de las leyes clave que pueden servir de guía para el cambio en el conjunto de medios públicos: la de RTVE en Madrid y la de la CCRTV en Barcelona.

Ignorar estas reclamaciones es abonar una nueva frustración de los profesionales de la información y de la ciudadanía que, después de los negros años de utilización hasta la perversión de los medios públicos, reclama ya cambios rápidos y en profundidad para dejar atrás una trayectoria claramente predemocrática.

Barcelona, 1 de junio de 2004