Como hemos denunciado reiteradamente, la no aprobación de la nueva Ley de la Corporación Catalana de Radio y Televisión, mandatada por el Parlament hace más de seis años, es una fuente constante de conflictos, porque comporta que no haya el blindaje legislativo necesario para la independencia, la neutralidad y la profesionalidad que todas las fuerzas políticas aseguran que quieren para los medios públicos dependientes de la Generalitat.

Un de estos conflictos es la imposición de los denominados bloques electorales en los informativos diarios, informaciones de campañas políticas pautadas según criterios de representatividad parlamentaria y que chocan con los criterios profesionales de los informadores, que valen por el resto del año pero que la Junta Electoral Central se empuña en interferir aplicando los criterios que sólo puede imponer a los espacios gratuitos de propaganda electoral. Encorseta así la información de las campañas electorales con pautas de orden y de duración que interpretan que el pluralismo se asegura según la proporcionalidad de los últimos resultados electorales.

Como en ocasiones anteriores, estos criterios los ha flexibilizado el consejo de administración de la CCRTV, a raíz de las quejas y movilizaciones de sus profesionales más implicados. Ahora no será obligado el minutado diario de cada información ni el orden debe responder a la representatividad electoral más o menos grande. Pero no se cuestiona que del cómputo global de la campaña se deben desprender unos porcentajes de acuerdo con la influencia electoral, ni que el pluralismo se deba traducir en proporcionalidad, más o menos estricta.

Por esto haría falta un consejo de administración que no se limitara a representar los intereses de los partidos, que fuera un órgano de gestión de las empresas de la Corporación y que defendiera criterios de independencia y de neutralidad informativa que no necesitaran la tutela de los representantes políticos, a veces ellos mismos responsables de la campaña electoral respectiva. Y a esto sólo nos podemos acercar si se aprueba la nueva ley de la CCRTV, que está a punto y pactada en ponencia, y que amenaza de decaer antes del fin de la legislatura únicamente porque no todos los partidos apuestan por llevar adelante sus compromisos. Sería extremadamente lamentable que formaciones políticas que en la oposición defendieron la bandera de la independencia y la neutralidad informativa de los medios de la Corporación intentaran ahora aprovechar la discutible rentabilidad de mantener el modelo gubernamental (según el cual la radiotelevisión pública debe responder a la mayoría gobernante) y traicionaran sus promesas, de una manera tan suicida que posiblemente, caso de volver a la oposición, volverían a la queja permanente por un modelo que habrían renunciado a cambiar cuando han tenido la capacidad para hacerlo.

Los profesionales de la información no somos ingenuos ni creemos sin más en las declaraciones a favor de la independencia de los medios. Por esto podemos decir bien claro que no perdonaremos un engaño a gran escala como el que se anuncia si no se aprueba la reforma de la Corporación en esta legislatura, porque esto significaría que el debate monográfico sobre el Audiovisual de diciembre de 1999 al Parlamento se habría convertido en una gran comedia. Y nosotros nos acordaríamos siempre de los farsantes.

Barcelona, 18 de mayo de 2006.