El periodista de la revista Mongolia Pere Rusiñol ha sido objeto de una querella por injurias y calumnias por parte del empresario Jaume Roures. La demanda está dirigida contra Pere como persona física y contra la editora de Regió 7 como responsable civil subsidiaria, por una entrevista realizada como socio y periodista de Mongolia y por afirmaciones que son consecuencia de la información publicada en esta revista. Por eso, Mongolia entiende que «la libertad de expresión se ve plenamente amenazada porque se presenta una querella contra un miembro del proyecto por afirmaciones basadas en el que publica la revista».

Para poder afrontar los gastos que suponen esta querella Pere Rusiñol ha impulsado una campaña de microfinanciación a través de la plataforma Verkami, a la que el Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC), al que el compañero está afiliado, da total apoyo. El SPC pide a la profesión que en la medida que pueda colabore. A pesar de que la campaña ya ha superado los mínimos iniciales fijados, el dinero recaudado se destinarán a situaciones similares.

El propio Rusiñol explica en la web de esta campaña como se ha producido este caso: «Casi 10 años después del cierre de la edición en papel del diario Público, el magnate Jaume Roures me ha presentado una querella criminal por lo que dije en una entrevista que di al diario Regió 7. Expliqué que la matriz del diario estaba en Holanda, que dejó sin pagar más de 20 millones a los trabajadores, colaboradores, proveedores, Seguridad Social y Hacienda, que mientras tanto invirtió en un restaurante de lujo, que recompró él mismo la cabecera libre de polvo y paja, etc… En fin: verdades acreditadas en el mismo concurso de acreedores».

La entrevista de Regió7 se centraba en buena medida en las consecuencias para la libertad de expresión de querellas contra el periodismo independiente. Y este fue precisamente el titular que el diario eligió para destacar la noticia en su portada: «Una multa permite silenciar voces descontroladas sin prohibir publicar». En este contexto hay que tener presente la moción que la Federación Europea de Periodistas (FEP) [la número 2] aprobó en su última asamblea anual, celebrada en la ciudad croata de Zagreb los pasados 8 y 9 de octubre, relativa a las Demandas Estratégicas Contra la Participación Pública (SLAPPS, en sus siglas en inglés), que se refieren a las demandas que los poderes de todo tipo interponen contra profesionales de la información para ahogarles a costes judiciales para desanimarles a publicar determinadas informaciones incómodas o críticas para estos gobiernos.

En esta moción se afirma que estas demandas «representan una amenaza fundamental a la profesión periodística, puesto que atacan directamente al derecho fundamental de la profesión, la libertad de expresión. Cómo indica el acrónimo, una SLAPP es una demanda que no se presenta para defender un derecho del demandante, sino para inhibir y reprimir la presentación de informes independientes. Para conseguir este objetivo, los casos SLAPP explotan y abusan de las lagunas procesales» para perseguir y acosa a profesionales de la información. Este es el caso al que ahora se enfrenta Pere Rusiñol y por el que la profesión debe actuar porque no es el primer caso en que se producen acciones judiciales de este tipo para silenciar la información. En la moción aprobada por la FEP se pide a la Unión Europea que impulse una Directiva para abordar los casos SLAPP y poner fin a esta estrategia de acoso que sufren periodistas críticos con los poderes, sean políticos, económicos, empresariales o de cualquier otro tipo.

 

Para defenderme he abierto una campaña de micromecenazgo en Verkami con la colaboración de Mongolia, y aceptamos aportaciones de entre 10 y 500 euros. El objetivo (5.000 euros) se cubrió en dos días, pero la campaña sigue para contar con una caja de resistencia más potente.

En la página de la campaña hay un vídeo de 3′ en que explico lo sucedido, la entrevista de Regió7 origen de la querella y también el escrito que mi abogado ha presentado al juzgado aportando las pruebas que justifican mis opiniones.

 

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