En los últimos días el hecho lamentable de una amenaza a un periodista ha levantado una importante polémica entre diferentes formaciones políticas. El ruido mediático nos tememos que no servirá para erradicar estas acciones si todos los factores de poder no admiten su natural tendencia a presionar sobre el trabajo de los profesionales de la información y a no respetar su independencia.

No decimos que es menos grave lo sucedido si añadimos que no es nuevo, sino el pan de cada día de los informadores. En pocos años hemos ido de un presidente que decidía que algunos temas «no tocaban» a listas negras y dossieres sobre periodistas de autoría inconfesada. También las empresas han jugado al juego cuando les ha interesado y han aceptado presiones cuando les ha sido económicamente rentable. Más allá del caso puntual de los últimos días, nos inquieta la manipulación continúa no siempre denunciada por las empresas, más preocupadas en aquello que políticamente les interesa en cada momento que no a defender el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz y de calidad.

Del mismo modo hemos sufrido alcaldes que deciden sobre la información pública que generan los profesionales de sus gabinetes de prensa; que cambian profesionales del periodismo por indocumentados de confianza y medios públicos locales que niegan a sus periodistas el derecho a un comité profesional. Muchos miembros de las fuerzas de orden público siguen pensando que la calle es suya y los reporteros gráficos el objetivo de su misión. Acabamos de ver también como el TSJC ha regulado de manera poco respetuosa con el derecho a la información la presencia de cámaras en los juzgados. Al mismo tiempo, empresarios o dirigentes deportivos se dedican a exigir a los propietarios de medios de gran solera sanciones para los periodistas que les disgustan. Sabe mal decirlo, pero más de una vez lo consiguen. Todo esto tampoco debe resultar extraño, puesto que amenazas como la que han promovido este ruido mediático se escuchan diariamente en nuestras redacciones cuando el periodista no responde a los intereses a menudo espurios de la empresa.

El Llibre blanc de la professió periodística a Catalunya, encargado por el Col·legi de Periodistes de Catalunya, reconoce que los profesionales entrevistados solicitaron «garantías de confidencialidad y el compromiso que no se revelará su identidad por miedo de represalias». Los medios también ejercen estas represalias hacia poderes públicos y privados, corrompiendo el derecho a la libertad de prensa, otorgándose la representación de la opinión pública o pretendiendo usurpar las funciones propias de los poderes o entes públicos o de las instituciones de carácter educativo o cultural. Como señala el Código de Deontología del Periodismo del Consejo de Europa «esto traería a convertir los medios de comunicación y el periodismo en poderes o contrapoderes, sin que al mismo tiempo disfruten de la representación de la ciudadanía o estén sujetos a los controles democráticos propios de los poderes públicos, o posean la especialización de las instituciones culturales o educativas correspondientes». Aprovechamos esta triste y repetida circunstancia para proclamar que el derecho a la información es propiedad inalienable de la ciudadanía y que poderes, medios y periodistas tienen la obligación de hacer cumplir este mandato fundamental.

Por esto decimos que basta ya de amenazas y de mentiras:
trabajemos por el derecho a la información de la ciudadanía

Barcelona, 21 de marzo de 2007

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