CCMA, RTVE y FORTA: retroceso hacia la gubernamentalización y entrega de las autonómicas a las manos privadas

Los últimos cambios políticos en Catalunya y en España han llevado en unos meses, y ha acelerado las últimas semanas, a una ‘deconstrucción’ de la legislación elaborada en los últimos años para democratizar la gestión de los medios públicos y regular su desvinculación de los gobiernos de turno, otorgando competencias a los parlamentos para acordar una mayor independencia.

La contrarreforma comenzó en Catalunya apelando a criterios de austeridad para reformar la Ley de la CCMA, pero que se orientó a romper el consenso a que obligaban las mayorías de dos tercios. Durante meses, sectores profesionales, académicos y sindicales, hemos señalado la perversión del espíritu impulsor de la Ley de 2007 que significaban estos cambios. Ahora sufrimos las consecuencias: los medios de la Corporación nuevamente en medio de la confrontación política, un Consejo de Gobierno excluyente y en manos de la mayoría progubernamental, y un espectáculo de búsqueda de nuevos directores de los medios de la CCMA que enfrentan la lógica partidista del Gobierno y del PP con la percepción social y también interna que los cambios sólo tienen motivación política, y no responden a criterios profesionales ni derivan de la ley reformada. Esto ha llevado a iniciativas dentro y fuera de las empresas a favor del mantenimiento de la directora de TV3, que no son sino la prueba de que romper los consensos sólo lleva al conflicto político y social, y deteriora la imagen de los medios públicos, que por definición etimológica quiere decir de todos, y no del poder político.

Pero lo más fuerte es que este retroceso en Catalunya lo hace el Gobierno catalán de la mano del PP, el partido que aquí y en toda España se especializa en cerrar, reducir, externalizar y privatizar, y en todo caso controlar, los medios públicos, en contra de las recomendaciones europeas sobre su misión de servicio público, esencial para la democracia, que sólo ellos pueden ofrecer. A esto se añade su hostilidad a la función de las televisiones autonómicas, y más las de comunidades con lengua y cultura propias, para vertebrar las respectivas sociedades y ofrecer programaciones e información de proximidad.

La prueba son las medidas del último Consejo de Ministros que “liberalizan” la gestión de los canales autonómicos, con la quimérica idea de que el servicio público que ofrecen (que puede mejorar, y más si el PP hubiera favorecido su desgubernamentalización, cuando RTVE había avanzado en la línea de una mayor independencia respecto del gobierno) lo pueden garantizar unos operadores privados. La medida obedece sin duda a urgencias económicas, pero que se toman sobre un sustrato de plena y querida ignorancia sobre la adecuación de estos medios a la estructuración política española.

Y para remachar el clavo, y evidenciando ya abiertamente su pensamiento de años, el PP reestructura por decreto, y confiado en su mayoría absoluta en el Congreso, los mecanismos de gestión y control de RTVE que con todos los problemas derivados de erróneas decisiones como la eliminación de la publicidad, decidida por el gobierno de Zapatero pero (mal) copiada de la derecha francesa de Sarkozy, había conseguido cambiar la imagen de la radiotelevisión pública estatal y asegurar un importante grado de independencia y neutralidad informativa. Un objetivo reclamado durante décadas por los profesionales y amplios sectores sociales que parece ser justamente lo que molesta a los gobiernos español y catalán, que si mantienen los medios que dependen es para que hagan el relato que desde el poder se desea, y no porque respondan a los criterios periodísticos de veracidad y rigor y de informar de lo que pasa en la sociedad, guste o no a los gobernantes.

La confluencia de CiU y PP en este tema es un hecho. Pero en el caso de Catalunya cuesta entender que el Gobierno se alíe al grupo más contrario a la misión y los objetivos de la CCMA y mantenga la alianza incluso cuando el gobierno del PP erosiona las bases no sólo de un modelo de medios públicos sino también de las funciones normalizadoras de la lengua y la cultura catalanas, directamente en el caso de Baleares y del País Valenciano, e indirectamente también de Catalunya, que puede acabar siendo una de las pocas autonomías con medios públicos.

Podemos entender los apremios políticos del Gobierno, apurado por la gravedad de la situación económica y con dilemas políticos para consolidar alianzas. Pero decisiones estructurales, que deberían responder a criterios de país que se han ido desterrando en función del rédito inmediato, no se pueden someter a la coyuntura política, de la que habría que sustraer la gestión de los medios públicos.

Por eso reclamamos todavía del Gobierno de Catalunya una muestra de cordura para que no deteriore más la situación de la CCMA buscando, por razones puramente políticas, nuevos directores de los medios, y actúe con criterios de respeto a la gestión llevada a cabo hasta ahora y los niveles de calidad alcanzados por TV3 y Catalunya Ràdio, fruto del esfuerzo de sus profesionales, incluido el económico, que hicieron para seguir ofreciendo un buen servicio a la ciudadanía.

Por todo lo dicho hasta ahora, un consejo: saquen las manos de los medios públicos, y dejen que sean los órganos directivos de la CCMA, por amañada que haya sido su elección, los que decidan, en base a criterios profesionales y de gestión empresarial, si lo mejor para garantizar la estabilidad de sus medios, que tanto ha costado conseguir, es o no la continuidad de los equipos y los proyectos actuales.

El otro camino, confesado en declaraciones de hoy mismo a la prensa, es una injerencia gubernamental que perjudica la credibilidad de los medios y su consolidación en momentos de graves restricciones económicas que no pueden, sin embargo, cuestionar su misión de servicio público. Y más si los perfiles que se manejan se basan en criterios de “corrección política” al gusto de CiU y PP, o en nombre de grupos mediáticos privados que difícilmente podrán asumir con convicción la dirección de la radiotelevisión pública catalana.

Barcelona, 22 de abril de 2012

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