En declaraciones a El Periódico el pasado 5 deabril, el consejero de Interior, Relaciones Institucionales y Participació, Joan Saura, dijo domingo que la televisión había repetido demasiadas veces y demasiados días las imágenes de las cargas de los Mossos d’Esquadra el 18 de marzo, y que la repetición excesiva de aquellas imágenes (conjuntamente con los intentos de la oposición de magnificar los hechos) perjudicaron a los Mossos. Añadió que había encargado un informe sobre el tratamiento que la televisión pública catalana había hecho de la cuestión, y que si la conclusión era que la televisión había hecho daño a los Mossos más allá de toda práctica periodística razonable, lo plantearía en el ámbito pertinente. Finalmente, reprochaba a los Telenotícies que no emitían las =imágenes de los grupos que echaban piedras, claves y sillas.

Horas más tarde, en el Telenotícies Vespre del mismo domingo, el consejero manifestaba que el informe lo había encargado al Consejo Audiovisual de Catalunya, y que sería referido a todas las televisiones que se ven en Catalunya.

Como comprobaron todos los televidentes, no es cierto que TV3 y otras televisiones no mostraran la actuación beligerants de algunos grupos de manifestantes durante la tarde del día 18, y la afirmación del consejero pone en entredicho la profesionalidad de los informativos de Televisión de Catalunya.

Pero ni que esto fuera cierto, no disculpa de ningún manera una actuación de los Mossoos que ha llevado a la destitución de su Director General, por parte del mismo Saura, y que ha sido desaprobada por la mayoría de la sociedad.

La habitual acusación de «los otros más», que ya es penosa en el debate entre los partidos, es más lamentable en este caso si busca equiparar el comportamiento de ciertos manifestantes con el proporcionado y adecuado a cada situación que debería corresponder a las fuerzas de seguridad.

Por otro lado, argumentar que la reiteración y la repetición de imágenes puede ser susceptible de ir más allá de toda práctica periodística razonable es una peligrosa incursión en el ámbito profesional de los informadores, que quizás sin quererlo, puede ser interpretada como un ánimo de condicionar, desde el poder político, un derecho fundamental que se debe por encima de todo a la sociedad.

En el mismo sentido puede interpretarse el encargo al CAC de un informe evaluatorio, asumido por el Gobierno de la Generalitat, que aun cuando esté contemplado por la ley correspondiente, no deja de ser un precedente, puesto que hasta ahora las quejas habían estado de instituciones particulares o de partidos políticos.

Esperamos que el CAC, a pesar de la influencia que todavía sufre por parte de los partidos políticos, analice la información televisada de aquellos hechos desde la única perspectiva que le corresponde, que es la de comprobar si la información, textual y visual, fue dada de acuerdo con los principios de la información veraz y rigurosa.

Como se ha reiterado estos días, los responsables del daño a la vista que provocaban las imágenes de las cargas no eran quienes las grababan o emitían, sino quienes las protagonizaban. Ya se sabe que en otros tiempos, el mensajero era ejecutado cuando traía malas noticias.

Barcelona, 7 de abril de 2009