Recurso de CIU contra los criterios profesionales pactados en TV3

Una vez más una formación política ha presentado recurso ante la Junta Electoral contra un plan de cobertura de las elecciones que, como en el caso de TV3, aún y mantener el cronometraje y el orden de los partidos en la información, en función de los últimos resultados, incorpora criterios profesionales en el caso de noticias relevantes surgidas en la propia campaña, y otros elementos explicativos en relación al debate sobre los bloques electorales minutados.

Como otros recursos, este se remite al artículo 66 de la Ley Electoral, que obliga al respeto al pluralismo político y social y a la neutralidad informativa, pero del que no se deriva ningún criterio sobre la representatividad o la proporcionalidad, como desde hace años dictamina –erróneamente- la Junta Electoral, mimetizando las reglas referidas sólo a los espacios gratuitos de propaganda.

En este caso, además, el recurso de CIU cuestiona específicamente la práctica profesional del periodismo cuando discute el lugar concreto que ocupan los bloques electorales en los informativos o la posibilidad que noticias políticas relevantes se situen fuera de estos bloques.

Pero lo más grave son las declaraciones del responsable de comunicación de CDC, que además de reiterar, sin ninguna base, que el acuerdo incumple la ley, acusa a los trabajadores de TV3 de boicot «a la democracia» y de «no velar por la cultura democrática durante todo el año», además de adelantar que en las próximas elecciones se opondrá al menor asomo de flexibilización de los bloques electorales, como se ha hecho en los últimos años en la CCMA y en otros medios.

Desde el SPC lamentamos un análisis tan sesgado de la realidad y la voluntad de injerencia en la profesionalidad de los medios públicos y en su necesaria independencia. Y continuaremos defendiendo las distintas medidas de protesta de los trabajadores de la CCMA y de otros medios públicos, en defensa del derecho a la información de la ciudadanía, que debe de estar libre de condicionantes partidistas.

Barcelona, 31 de mayo de 2009