El Plan de Despidos Colectivos (PAC), que finaliza el periodo de consultas el próximo martes día 30 de julio, es un hachazo en toda regla al modelo de radiotelevisión pública de la Generalitat y específicamente en las redacciones de TV3 y de Catalunya Ràdio y a las áreas de programas y de documentales. Sin ninguna razón empresarial que lo justifique, CiU y el Presidente de la CCMA, Brauli Duart, quieren sacrificar y disminuir programas y contenidos informativos, y con argumentos de una frivolidad extraordinaria ataca programación de servicio público que ha dado prestigio a las cadenas y emisoras y producción y líneas informativas de 30 años, con propuestas injustificables como cerrar la delegación de Bilbao de TV3 o disminuir la dotación de la de Madrid.

Insistimos en que es un ataque frontal a las plantillas y a la función informativa porque así lo demuestran las cifras del estudio elaborado por la consultora PricewaterhouseCoopers (PWC), que diseñó el millar de despidos en Canal 9 y la RTVV y que ahora desde unos parámetros tecnocráticos, de empresa privada y con concepciones tayloristas dictamina qué programación se debe eliminar para justificar los despidos previamente planificados, que si se consuman significarían una laminación de las redacciones. De los 58 despidos previstos en Catalunya Radio, 40 corresponden a informadores. Y en TV3, de 249 amenazados, 60 son periodistas y cerca de 200 corresponden a los ámbitos de informativos en sus diferentes oficios.

Por esto el SPC no puede dejar de denunciar este atentado al derecho a la información, que quedará mermada por la amputación de partes tan importantes de las empresas de la CCMA, y que no harán sino debilitarlas ante la competencia privada y la ligereza de su programación, que por razones congénitas no puede ofrecer todo el abanico de servicio de los medios públicos.

El ataque es más paradójico, cuando la Secretaría de Comunicación de la Generalitat, dependiente del Departamento de Presidencia, ha asumido hace pocos los compromisos de la Mesa Sectorial de los Medios de Comunicación, que reclaman financiación suficiente y estable de la CCMA para no mermar su función de servicio público. Una Mesa que nació precisamente para detener el crecimiento alarmante del desempleo en el sector de la prensa y la comunicación.

Por todo ello, el SPC denuncia esta agresión a la profesión periodística y al derecho a la información de la ciudadanía, que implica un recorte en derechos democráticos y que si no se corrige confirmará que se hace por compromisos inconfesados con intereses económicos y políticos para parte del gobierno de CiU.

Barcelona, 26 de julio de 2013

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