Con la propuesta ‘digital’ del nombramiento de Fèlix Riera (veterano miembro del Consell de Govern de UDC) como director de Catalunya Ràdio se completa la operación diseñada hace más de un año por CiU para retomar el control gubernamental directo de los medios de la Corporación Catalana de Ràdio y Televisió.

En este largo camino, justificado ridículamente por criterios “de austeridad” el Ejecutivo de CiU no ha dudado en dinamitar todos los acuerdos con las fuerzas catalanistas forjados a lo largo de años en el ámbito audiovisual, y pactar todas las maniobras, desde de la reforma de la Ley de la CCMA a la fontanería partidista bajo mano, con el PP de Catalunya, y elegir nombres para los medios que fueran bien vistos por este partido.

En una verdadera restauración de las tradiciones más hispánicas en materia de medios públicos, en menos de un año CiU está consiguiendo situar la Corporación, que había sido abanderada de la democratización de las formas de gestión, a la cola de los modelos carpetovetónicos españoles, defendidos sobre todo por el PP, y acabará consiguiendo que TV3 y Catalunya Ràdio se acerquen a los modelos esperpénticos de Telemadrid, Canal 9 y la nueva IB3. Y marca el camino al mismo PP que, no queriendo ser menos que CiU, ya prepara la reforma de la Ley de RTVE por decreto, para anular lo que se había avanzado en 2006 siguiendo precisamente la estela de la legislación audiovisual catalana , encarnada en el CAC, la Ley del Audiovisual y la nueva Ley de la CCMA.

Este grave retorno al pasado se da, además, cuando desde la Unión Europea y desde la Federación Europea de Periodistas (miembro de la FIP) se recomienda no dar pasos atrás y hacer prevalecer la independencia de los medios públicos como garantía de la su función pública y razón de su existencia. La otra cara de la moneda de las políticas que combinan la manipulación de los medios primero y las opciones para privatizar después.

La operación contrarreforma, sin embargo, aún tiene pendiente otros pasos: la más que probable destitución de los jefes y sub jefes de informativos de los medios, los editores y de algún presentador, y un buen grupo de jefes y sub jefes de sección, porque hay que asegurar que el “relato” oficial llegue a la población. Y su consiguiente sustitución por nuevos cargos, elegidos evidentemente con criterios políticos, que querrán ser utilizados como “comisarios políticos”, una figura de larga tradición en la Corporación desde sus inicios.

Una vez más hay que decir que esto no beneficiará a los medios de la CCMA, que les restará la credibilidad y el prestigio que han ido consiguiendo en los últimos años, y no hace falta ser muy mal pensado para imaginar que esta decadencia de los medios públicos puede preocupar relativamente poco los nuevos directivos, todos de partido y carnet de la formación gubernamental y muchos de ellos ligados de diversas formas al grupo Godó, un conglomerado mediático respetable pero que se ha constituido por voluntad propia como el gran competidor privado de la Corporación.

Ante esta verdadera estafa a la ciudadanía y al derecho a la información, el SPC no aflojará en la denuncia, cuando se produzcan, los intentos de utilizar los medios de la Corporación para hacer propaganda gubernamental, y llamará a los profesionales de sus medios, apelando a su compromiso deontológico y con el artículo 20 de la Constitución, a resistir las presiones que no sólo devalúan el trabajo periodístico, sino que privan a la ciudadanía de una información veraz y rigurosa, que es la condición de una opinión pública bien formada y base de la democracia.

Barcelona, 2 de mayo de 2012

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