El PP supera todas las cotas de desvergüenza en el control gubernamental de los medios públicos

El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació, considera que el nombramiento de Eladio Jareño, hasta ahora responsable de comunicación del PPC y asesor personal de su presidenta, Alicia Sánchez Camacho, como nuevo director de RTVE en Catalunya no garantiza la necesaria independencia, neutralidad y objetividad que la Constitución contempla por los medios de comunicación social dependientes del Estado en su artículo 20.

El SPC ha defendido siempre estos principios, y especialmente desde que en 1999 el Parlament de Catalunya hizo por primera vez un debate monográfico sobre el audiovisual, a raíz de las quejas expresadas por profesionales, universidades, expertos en comunicación y usuarios por las manipulaciones informativas derivadas del control gubernamental de los medios públicos, tanto catalanes como de toda España.

Las resoluciones de aquel debate dieron impulso, a pesar de que los obstáculos que se pusieron, a la reforma de las leyes de la CCMA y de RTVE, que después de muchas trabas fueron transformadas en el sentido de quitar el control directo de la gestión a los gobiernos de turno, a partir del consenso político que forzaba la necesidad de hacer los nombramientos y tomar las decisiones por mayorías cualificadas de 2/3.

Después de ganar las elecciones, el PP y CiU contrarreformaron estas leyes eliminando la necesidad del consenso, de manera que se volvió a la situación anterior, de dependencia directa de los órganos de mando de los medios públicos respecto de los gobiernos y también de los partidos que los apoyan. Esta situación ha permitido el nombramiento de Eladio Jareño, quien ya ocupó este cargo en la época de José María Aznar como presidente del gobierno central.

Ahora bien, a pesar de estas premisas, hay maneras de guardar la compostura para desviar las críticas a esta indiscutible involución. Pero ante la situación de crisis política, tanto en Catalunya como España, partidos como el PP no se esconden de nombrar cargos provenientes directamente de la acción política, sin ninguna vergüenza y sin molestarse en disimular lo más mínimo.

La mayoría absoluta permite esta abusos antidemocráticos, pero nada debe impedir la denuncia pública de una política orientada a hurtar el derecho de la ciudadanía a una información pública plural y veraz, base de toda sociedad democrática, y a sustituirlo por el control gubernamental de los medios públicos, que se llaman así porque son de todos, porque los financia toda la ciudadanía.

Los últimos meses ya ha habido suficientes muestras y denuncias de la manipulación informativa en RTVE, especialmente en relación a la situación política en Catalunya, y ahora todavía se intensifica esta línea que contribuye a incrementar la crispación y el conflicto en la sociedad catalana.

Barcelona, 13 de noviembre de 2014