Izquierda Unida lamenta que el Gobierno central haya «quitado importancia» al proyecto de Ley General Audiovisual aprobado por el Consejo de Ministros al haber aprobado mediante Real Decreto algunas de las novedades que se incluyen en la Ley como la TDT de pago o la posibilidad de la fusión entre cadenas de televisión.

Aunque desde IU no se quiere valorar todavía el contenido de la Ley a la espera de la tramitación parlamentaria, fuentes de este partido se quejan de que el ejecutivo español, «atento a otros intereses» distintos al interés general, «haya optado por hacer pasar desapercibidas» algunas novedades incluidas en la futura norma aprobándolas «de urgencia» en verano.

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha afirmado que trabajará durante la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley General Audiovisual para que se respete el trabajo de los periodistas y se amplíe la «pluralidad» informativa.

La FAPE espera que el parlamento «proteja y amplíe la pluralidad de los contenidos audiovisuales informativos, garantizando un lugar destacado a los servicios de noticias de las distintas cadenas».

Para la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) también es positiva la aprobación efectuada por el Consejo de Ministros pero denuncia que tal y como está redactado el texto de la Ley las cadenas tienen «cierta impunidad» en materia publicitaria.

La AUC afirma que las cadenas son responsables de la contenidos que forman parte de su programación, pero no de la parte de publicidad, lo que, a su juicio, «va en retroceso con respecto a la ley actual». Las cadenas deberían responsabilizarse cuando emitan publicidad engañosa o ilícita ya que «las televisiones tienen la opción de poner o no poner publicidad». Este punto va en contra de la directiva comunitaria, según esta organización.

Por otro lado, desde Consumidores en Acción FACUA, su portavoz, Rubén Sánchez, alertó que la rectificación del Gobierno central sobre la prohibición de la emisión de la pornografía infantil en abierto ha sido un «simple golpe mediático» porque, a su juicio, contenidos como los de programas del corazón, «también considerados pornográficos», van a seguir emitiéndose.

Sánchez también criticó el «nefasto» y «nulo» control del ejecutivo español y, en concreto, del Ministerio de Industria y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, sobre los contenidos audiovisuales y las prácticas de las televisiones por emitir publicidad «prohibida y encubierta» sobre las que ha recaído «muy pocas sanciones».

La Confederación Española de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (CEACCU) también se ha pronunciado sobre la decisión del Consejo de Ministros y ha denunciado que el proyecto de Ley se ha «plegado a los intereses de las industrias» y que permitirá aún «más publicidad». La Confederación se muestra insatisfecha con su contenido y lamenta que no proteja a los usuarios.

La CEACCU alerta que la nueva ley permite un «amplio margen de impunidad» a las cadenas de televisión porque podrán evitar cualquier sanción «si rectifican ante un incumplimiento».

Respecto a la introducción de última hora sobre la prohibición de la pornografía en abierto advierte que la protección a la infancia «sigue siendo insuficiente», tanto en contenidos como en la publicidad. En cuanto al Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, que la misma organización pide desde hace 15 años, advierte carencias en la representación de los usuarios y la independencia de sus miembros.

Por su parte, y como era de esperar, la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) ha aplaudido la aprobación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual por parte del Gobierno central y ha pedido a los principales partidos que pongan los medios para alcanzar un pacto de Estado con el objetivo de huir del «maximalismo y la demagogia» durante su tramitación.