En 1999 el Parlament de Catalunya celebraba el primer debate monográfico sobre el Audiovisual, fruto de la presión de los profesionales de los medios públicos, que a partir de la lucha contra la manipulación informativa hacía años que proponían una reforma legislativa para desgubernamentalizarlos, y en la medida de lo posible, despolitizarlos.

Los acuerdos del Pleno fueron entre otros impulsar una Ley Audiovisual de Catalunya y una reforma de la Ley de la CCRTV que fueran en este sentido, que luego favorecieron otras iniciativas como la nueva Ley de la CRTVE. La Ley Audiovisual tardó cinco años, y la de la CCMA casi ocho, y todavía resuenan en el hemiciclo del parlamento las alabanzas y felicitaciones de los grupos parlamentarios por haber logrado un consenso básico sobre un tema “de país” capital para la democracia.

Por eso es sorprendente, aunque ya corrían varias informaciones al respecto, que se haga público que quizá haya una reforma de la Ley de la CCMA y del “marco audiovisual”, y que además lo pueden hacer dos formaciones políticas que se toman la potestad de impulsarla si lo creen conveniente.

Desde un punto de vista profesional y sindical, debemos decir que lo único que procede es el cumplimiento estricto de estas dos leyes, que tanto costó conseguir y que si plantean problemas es porque se incumple el espíritu, especialmente a la hora de designar profesionales cualificados y competentes, con criterios de eficacia y no de cuotas políticas.

Cabe recordar que el gobierno saliente ya modificó la Ley de la CCMA por mayoría, a pesar de que sólo se hizo para el supuesto de sustitución de un miembro del Consejo de Gobierno. Pero la posible reforma que ahora se plantea alcanza el “marco audiovisual”, que compete a la Ley Audiovisual y al CAC, que como la de la CCMA nadie propuso en campaña electoral y ahora aparece de golpe.

Es fácil adivinar que quien plantee una nueva reforma no será sólo por un aspecto que ahora puede beneficiarle (el de la mayoría simple y no cualificada para sustituir consejeros de la CCMA), sino por cuestiones de fondo que no se han explicado por qué hay que cambiar, aunque son evidentes para todos las presiones de los sectores privados de comunicación para disminuir o eliminar la publicidad en la radiotelevisión pública y para incrementar la externalización de programas para cederlos a productoras afines.

Por todo ello, y porque “alguien lo tenía que decir”, nos corresponde denunciar esta nueva estafa a la sociedad catalana, a las normas parlamentarias y a los profesionales de los medios públicos, que dieron apoyo a las reformas legales para garantizar que estos no fueran afectados por las coyunturas políticas, y que vuelven a ver como la llegada de un nuevo gobierno puede implicar nuevas reformas, que quizás sean la vía de conseguir cambios en la dirección de la CCMA que no se pueden hacer si no es modificando la ley.

No aceptaremos que Catalunya, pionera en la normalización democrática de los medios públicos y en los referentes deontológicos de la información, vuelva atrás hacia viejos modelos progubernamentales, o los “modernice” en sentido neoliberal, debilitando las fuentes de financiación o las funciones de servicio público que constan en las solemnes exposiciones de motivos de las leyes.

Barcelona, 23 de diciembre de 2010

Etiquetas: , ,