Quince días después de que la patronal de la radio privada compareciera ante la Comisión de Control parlamentaria de la actuación de la CCMA, reclamando para el sector “la reducción hasta la eliminación” de la publicidad en las emisoras públicas de Catalunya, ya les han salido los abobados en sintonía en el ámbito político. Joana Ortega, de CiU, Santi Rodríguez, del PP, i Joan Ferran, del PSC, han avalado esta propuesta.

Argumentando falsamente que esta medida derivaría de la Ley de Comunicación Audiovisual de Catalunya, que sólo habla de “reducción” de la publicidad en la radio pública, y no en la televisión, y obviando el papel fundamental desarrollado por las emisoras públicas de cara a una programación de calidad, de proximidad y de normalización del catalán, los representantes de estos partidos vienen a debilitar, des del Parlament de Catalunya, la ley catalana del audiovisual para asimilarla a la española, hecha a medida de la patronal televisiva, UTEVCA, y que apoyaron en las Cortes Generales.

En grados diferentes, la Associació Catalana de Ràdio, CiU i el PPC, y también el PSC –en sintonía con sus homólogos estatales- manifiestan su desacuerdo con la reciente instrucción del CAC sobre los límites de los ‘mensajes comerciales’ en la radio pública (en virtud de lo previsto en la ley audiovisual catalana), y cuestionan la Ley de Comunicación Audiovisual, pidiendo la reforma. No hemos sabido ver en ninguno de los argumentos expuestos una concepción y una defensa clara de la misión social de la radio pública, que difícilmente se podrá llevar a cabo si se debilitan las fuentes de su financiación, justo en un momento en que las ayudas públicas a los medios no privados decaen por parte de todas las administraciones.

Para redondear la labor, y como se acercan las elecciones, CiU aprovecha la reciente crisis en el Consejo de Gobierno de la CCMA para proponer que se cambie, cuando no hace ni tres años de su aprobación, la Ley de la CCMA. Si es curioso que se reclame la desgubernamentalización (dada la trayectoria de los veinte años bajo control de gobiernos de CiU) y la despolitización (porque junto con otros partidos han hecho todo lo posible para mantenerla, por la vía de los nombramientos en el Consejo en función de cuotas partidistas), también es de resaltar que proponga ahora reducir el número de miembros del Consejo de Gobierno que inicialmente tenía que ser de 5 y de 9, y que justamente se amplió a propuesta de su formación, para cubrir las cuotas correspondientes. A pesar de todo, le tomamos la palabra, y sólo se necesitaría recuperar el último borrador de la Ley, antes de que fuera modificada en este y otros sentidos y que consiguieran desvirtuarla.

En todo caso, y de cara a las próximas elecciones catalanas, el SPC reclamará de las fuerzas políticas una definición clara en relación a los medios públicos de comunicación y a su financiación, ya que son un instrumento esencial en el mantenimiento y la consolidación de la democracia, por su función de servicio que el sistema audiovisual privado no puede garantizar.

Barcelona, 8 de agosto de 2010

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