Confluencia de sectores políticos, económicos y mediáticos contra los medios públicos. Mientras las urgencias políticas se desarrollan en otros ámbitos, los anuncios y las intenciones del Gobierno o de los grandes partidos en relación a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) van saliente a la luz. Ya sea en anuncios explícitos o en respuestas a preguntas periodísticas, el Gobierno mantiene que es necesario adelgazar la Corporación y sus estructuras, y que su dirección debe tener un carácter más empresarial, hecho que hubiera sido deseable en los 20 años de control por parte de CIU. También dice que, vía reforma parlamentaria, planteará reducir los miembros del Consejo de Gobierno, que ahora son doce precisamente por la voluntad de CIU cuando el Parlamento aprobó la Ley de la CCMA. La nueva cifra sería ahora de cinco, siete u ocho, si debemos creer al portavoz del PP, que se ha apresurado a garantizar que, si hay reducción, se mantendrá «la representatividad» de los partidos en el Consejo, que en contra de la doctrina de los bloques electorales, y como se ha hecho con la composición de Mesa del Parlamento, aquí considera que se limita a la presencia de los tres partidos más grandes. Hay también un discurso populista que enseña la zanahoria de la reducción de cargos o del sueldo de los miembros del CAC o de la CCMA, y esconde el palo que, con el argumento de mejorar la eficiencia en la gestión, puede devolver la radiotelevisión pública al viejo modelo filogubernamental, que es el qué la Ley de la Corporación quería superar.

A nivel mediático, continúan las informaciones-opiniones interesadas, especialmente desde un gran grupo de comunicación catalán, dónde casualmente se sitúa al Presidente de la CCMA o la directora de TV3 entre los miembros del Gobierno, y como ejemplo del carácter transversal de éste. Y dónde también se editorializa sobre «la lentitud de la política» a partir que no se ha procedido a la sustitución de la directora de TV3 por el hecho que haya cambiado el gobierno. Unos y otros confunden conscientemente a la ciudadanía escondiendo lo que prevee a la Ley de la Corporación, que es un mandato de seis años para diferenciarlo de las legislaturas parlamentarias, y sobre todo lo referido a los criterios para la elección de los cargos, que no se contempla en función de cuotas políticas, sino de la capacitación profesional contrastada y la independencia en la gestión.

Contra esto, debe recordarse toda la legislación que legitima los medios públicos como esenciales para la democracia y para garantizar una información independiente y una programación de calidad, que los audiovisuales privados no tienen entre sus prioridades. Y concretamente los de la Generalitat por reforzar la cohesión social, la identidad colectiva y la normalización de la lengua y la cultura catalanas. Por esto no son válidas las comparaciones superficiales sobre el número de trabajadores, sin ponerlo en relación con el servicio público que dan los medios de la CCMA y la cantidad y la calidad de su oferta, mayoritariamente bien valorada por la sociedad según todos los estudios, en contraste con la degradación y la banalidad de la programación del sector privado. La defensa del servicio público audiovisual incluye, por lo tanto, la exigencia de su independencia y de que no se involucione hacia al pasado, y también el mantenimiento de unas condiciones laborales y salariales dignas, que son las que hacen posible una programación por varios canales y a la altura de las exigencias democráticas y tecnológicas de nuestra sociedad.

Barcelona, 16 de marzo de 2011