Bloques electorales, señal realizada, debates condicionados…

Esta es la octava campaña electoral en qué los profesionales de varios medios públicos catalanes hacen huelga de firmas, escritas o verbales, y parcialmente también de aparición en imagen, para protestar por la imposición del minutaje en la aparición de los partidos, aunque sea globalmente y no día a día.

Los bloques electorales, que no existieron los primeros años de la democracia, y que tuvieron en inicio una finalidad garantista para asegurar una presencia ecuánime de todos los partidos en unas radiotelevisiones públicas controladas por los gobiernos de turno, no tienen ya ningún sentido profesional ni informativo, porque priman la cantidad por encima de la calidad. Y no tienen ningún apoyo legal, como se ha querido hacer creer durante años, porque la LOREG sólo reclama de la información electoral en los informativos pluralismo y neutralidad, de las que no se deriva el concepto de proporcionalidad basada en los últimos resultados electorales.

También se cita ahora el CAC como fuente de autoridad, pero la Autoridad Audiovisual sólo hace recomendaciones, que olvidan también que los bloques no existieron siempre y la primacía del aspecto cualitativo sobre el cuantitativo. Por último, se argumenta que hacía falta introducir las horquillas de tiempo mínimo y máximo por partido como cómputo global por evitar que algún partido recorra los planes de cobertura elaborados por los consejos de administración de los medios, argumento defensivo que quiere ignorar que la JEC no tiene competencias para dictaminar sobre la información electoral en los informativos, porque la LOREG no se lo atribuye.

Justamente la JEC, que ha rechazado planes de cobertura flexibles para RTVE y para IB3, por recursos presentados por CIU y PP, y ha dictado bloques electorales estrictos en minutaje y orden de aparición, es el objetivo de la demanda al Tribunal Supremo anunciada jueves por varias organizaciones profesionales y a la que el SPC da todo su apoyo, porque ataca la raíz del conflicto, y por haber sido el sindicato la organización que más lo propuso en anteriores elecciones.

Por otro lado, la práctica habitual de la realización de la señal de vídeo por parte de muchos partidos evidencia la confusión permanente entre propaganda e información por parte de sus estrategas y la poca consideración que se tiene del trabajo de los profesionales y del derecho a la información de la ciudadanía. Lo mismo que demuestran los vetos de determinados partidos a los debates en la radiotelevisión pública estatal, que ya se rige, como otras, por mecanismos de consenso que no se deberán cuestionar despreciando los trabajadores de los medios y la misión de servicio público que tiene encomendada.

Por todo ello damos pleno apoyo a las protestas de los profesionales de los medios públicos y alentamos a las fuerzas políticas a tomar nota de la lección de lucha democrática que están llevando a término, que no va en detrimento, sino todo lo contrario, de una información plural y neutral al servicio de la ciudadanía.

Barcelona, 24 de febrero de 2008

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